La Guardia Civil de Valladolid investiga a un veterinario oficial de la provincia por un presunto delito continuado de falsedad documental en el marco de la denominada Operación AMERICANAVASE. La investigación se centra en la formalización irregular de cartillas sanitarias y en la implantación incorrecta de microchips en galgos.

Las pesquisas comenzaron tras dos actuaciones independientes de la Policía Municipal de Valladolid que presentaban un patrón común en la identificación de los animales. En julio de 2025, durante una intervención policial, los agentes localizaron de forma fortuita una jeringa vacía destinada a la implantación de microchips en el hueco de una pared.

En el mismo lugar se encontraron tres galgos sin microchip, que fueron trasladados al Centro de Protección de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Valladolid. Cuando los propietarios acudieron a recogerlos, presentaron microchips sin usar y aún precintados, algo que no está permitido para particulares y que levantó las primeras sospechas.

Meses después, en noviembre de 2025, la Policía Municipal recogió en el Páramo de San Isidro un perro que deambulaba sin dueño. Tras su traslado al Centro Municipal de Protección de Animales y al retirar el collar, los veterinarios comprobaron que el microchip estaba adherido al collar y no implantado en el animal, una práctica totalmente irregular.

En ambos casos, los microchips estaban asignados al mismo veterinario oficial, colegiado en el Ilustre Colegio de Veterinarios de Valladolid, lo que motivó la comunicación de los hechos a la Guardia Civil.

A partir de ahí, los agentes tomaron declaración a diversos testigos y realizaron alrededor de 20 inspecciones a propietarios de galgos cuyos animales habían sido dados de alta por el profesional investigado. En estas actuaciones se detectaron múltiples irregularidades tanto en la implantación de microchips como en la documentación sanitaria, así como una reiteración de prácticas que podrían suponer una vulneración grave del sistema oficial de identificación animal y una manipulación de datos sanitarios.

En la investigación han colaborado el Colegio de Veterinarios de Valladolid y veterinarios del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid. Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Valladolid, con copia a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, para la continuación de las actuaciones judiciales.