Los procuradores del Partido Popular de Valladolid han cargado este miércoles contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España, al considerar que supone un perjuicio para Castilla y León al reducir el peso de factores como la superficie, la dispersión territorial y el envejecimiento de la población en el reparto de recursos.

En una rueda de prensa, el procurador Víctor Alonso ha calificado el nuevo modelo de "inadmisible", "injustificable" y "una auténtica ofensa a los intereses de la Comunidad", al entender que pone en riesgo la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales tanto en la provincia de Valladolid como en el conjunto de Castilla y León.

Alonso ha defendido que la financiación autonómica debe abordarse como "una cuestión de Estado" y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. En este sentido, ha sostenido que el modelo debe tener en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos y no sustentarse únicamente en el criterio poblacional.

Los populares han criticado que la propuesta del Ejecutivo central reduzca el peso de variables que consideran fundamentales para una comunidad como Castilla y León. En concreto, han señalado que el criterio de superficie pasaría del 1,8 al 1,6 por ciento; el de dispersión territorial, del 0,6 al 0,5 por ciento; y que también perdería relevancia el factor del envejecimiento de la población, especialmente la correspondiente a los mayores de 65 años.

"No cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria, educativa o social en un territorio extenso, disperso y envejecido que en comunidades concentradas", ha afirmado Alonso, quien ha recordado que Castilla y León concentra el 5,29 % de la población española, pero gestiona el 17 % de las carreteras autonómicas, el 19 % de la Red Natura y el 19 % de la superficie forestal del país.

Según las estimaciones expuestas por el PP, la Comunidad pasaría de representar cerca del 6 % del reparto global de financiación al 5,6 %, mientras que de los 20.975 millones de euros de fondos adicionales previstos para 2027 recibiría 271 millones, el 1,29 % del total. Los procuradores populares han vinculado además esta propuesta a los acuerdos políticos del Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). A su juicio, el denominado 'modelo Junqueras' responde a la negociación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para garantizar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.

Asimismo, han reclamado la retirada inmediata del modelo y han instado al PSOE de Valladolid y de Castilla y León a respaldar la propuesta elaborada por la Junta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para el 29 de julio. En caso contrario, han advertido, entenderán que los socialistas anteponen "las exigencias de Sánchez y sus socios independentistas" a los intereses de la Comunidad.