Hay escándalos que revelan delitos. Y hay escándalos que revelan sistemas. El caso Epstein pertenece inequívocamente a la segunda categoría. No porque sus delitos fueran más atroces que otros -aunque lo fueron-, sino porque la estructura que permitió su continuidad durante años expone con claridad cómo se organiza, protege y, llegado el caso, se absuelve el poder contemporáneo.

No basta con identificar los delitos individuales ni señalar a quienes los cometieron. Surge de inmediato una pregunta incómoda: ¿qué condiciones sociales, políticas y culturales permitieron que alguien como Epstein consolidara poder sin ser cuestionado? ¿Qué hacemos para que este tipo de situaciones surja y se reproduzca? Esta autocrítica no es opcional: resulta esencial para comprender la magnitud del problema y poder reformar la arquitectura que lo hizo posible.

Epstein no tenía mandato público ni legitimidad democrática. Su poder residía en la proximidad: acceso a capital, líderes políticos, académicos y financieros. Cada encuentro social era un nodo de circulación de influencia y legitimidad. Su escudo era la reputación prestada. Estar presente equivalía a ser validado. Cuestionarlo era desafiar la red, con costes inmediatos. Así se produce la suspensión gradual del juicio crítico. No faltaban señales; cuestionarlas equivalía a desafiar la arquitectura del acceso y del prestigio.

Este patrón no se limita a élites internacionales. Se reproduce en múltiples democracias, como una especie de "franquicia" funcional: acceso, protección mutua, capital reputacional. Cuando hablamos de "otros Epsteins" o de estas franquicias, no nos referimos necesariamente a delitos sexuales, sino al modelo de impunidad estructural que permite que determinadas personas, por riqueza o posición, operen fuera del escrutinio público. Lo más inquietante es que estas franquicias no permanecen confinadas a los círculos de élite; pueden permear distintos niveles de la sociedad, moldeando expectativas sobre ética, responsabilidad y justicia, y normalizando privilegios que deberían ser excepciones. Esa replicación silenciosa constituye un riesgo enorme para la cohesión democrática y la confianza ciudadana.

La concentración de riqueza y prestigio convierte la excepción en norma. La impunidad deja de ser excepcional y se vuelve pedagógica: enseña que la reputación puede neutralizar la sospecha, que el acceso se convierte en blindaje, que la ética es negociable. Esta enseñanza erosiona la confianza en las instituciones y en la propia democracia. Pero también muestra cómo la democracia mejora cuando los principios se defienden activamente: cuando política significa responsabilidad y la dignidad pública se traduce en acciones concretas. Reconocer y proteger a quienes sostienen la democracia auténtica fortalece instituciones y confianza ciudadana.

Los sondeos confirman lo que se percibe: las élites rara vez afrontan consecuencias proporcionales. Este patrón no es exclusivo del ámbito global; se reproduce a diferentes escalas, desde metrópolis internacionales hasta democracias locales. La metáfora de "franquicia" permite ver que el modelo de impunidad es imitable y replicable, y que su extensión más allá de los círculos de élite constituye una amenaza directa a la democracia.

El verdadero peligro no es solo el daño individual; es la erosión lenta de la igualdad ante la ley. Cuando la excepción se convierte en norma, la arquitectura institucional puede parecer intacta, pero pierde sustancia ética. La respuesta no puede ser cinismo, sensacionalismo ni abrazar modelos autoritarios. Tampoco basta condenar individuos aislados. Si el problema es estructural, la respuesta debe ser estructural: independencia judicial efectiva, trazabilidad financiera transnacional, regulación de conflictos de interés, transparencia activa y cultura de escrutinio que no se detenga ante nombres influyentes. Reconocer y elevar la dignidad de quienes sostienen la democracia auténtica fortalece instituciones y confianza pública.

Hay escándalos que revelan delitos. Y hay escándalos que revelan sistemas. Cuando lo que se revela es el sistema, la pregunta ya no es si un individuo será condenado, sino si la arquitectura que lo hizo posible será reformada. La impunidad comienza antes del delito: cuando el entorno aprende a no mirar. Si no corregimos esa pedagogía, el próximo caso no será una anomalía, será previsible. La frontera entre decadencia y regeneración democrática no está en nombres de archivos judiciales. Está en decidir colectivamente que el acceso no vuelva a ser blindaje, que la proximidad no sustituya al escrutinio y que la excepción no sea norma. Cuando el poder convierte la excepción en costumbre y las "franquicias" replican ese modelo a distintos niveles de la sociedad, la democracia deja de ser principio y se vuelve escenografía. Las democracias no mueren solo por golpes visibles: mueren cuando dejan de creer en su propia igualdad.