Los cuatro acusados de tratar de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España disputada en Valladolid el 11 de septiembre de 2025 han rechazado este viernes cualquier acuerdo de conformidad y serán juzgados el próximo 10 de noviembre. La decisión se ha conocido tras la vista previa celebrada en los juzgados de Valladolid, a la que ha precedido una concentración convocada por la plataforma 'Apoyo a los Encausad@s de la Vuelta Ciclista en Valladolid', en la que han participado alrededor de setenta personas para mostrar su respaldo a los procesados.

La Fiscalía mantiene su petición de 21 meses de prisión para los cuatro acusados por un presunto delito de desórdenes públicos y otro de alteración del espectáculo deportivo. Además, para dos de ellos solicita otros cuatro meses de cárcel por un delito de resistencia a la autoridad, lo que elevaría la condena hasta los 25 meses. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), reclama penas aún mayores, de 26 y 31 meses de prisión, respectivamente. Al superar los dos años de condena, estas penas podrían conllevar el ingreso efectivo en prisión.

La defensa, en cambio, ha reiterado su petición de absolución. Aunque los encausados reconocen los hechos, sostienen que su actuación no constituye un delito. Asimismo, el abogado ha solicitado a la magistrada que excluya a la acusación particular del procedimiento al considerar que su personación fue presentada fuera de plazo. La jueza resolverá esta cuestión en los próximos días. Uno de los procesados, Jorge Lebrero, aseguró a la salida de la vista que no reconoce la legitimidad de ACOM para ejercer la acusación al considerar que responde a "intereses extranjeros". En este sentido, anunció que, si la organización continúa personada en la causa, no responderán a sus preguntas, aunque sí contestarán a las de la jueza, la Fiscalía y su defensa.

Lebrero afirmó sentirse "muy tranquilo" ante el proceso judicial y aseguró que los acusados asumían desde el principio las posibles consecuencias penales de su protesta, enmarcada en las movilizaciones contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la ronda española por la situación en Gaza. Antes de la vista, los tres procesados presentes en la concentración -Jorge Lebrero, Javier Lázaro y Eva Minayo- defendieron que su actuación respondió a un ejercicio de "honestidad" y "dignidad" para denunciar lo que consideran un "genocidio" en Palestina. Los asistentes portaban banderas palestinas y una pancarta con el lema: "¿8 años de cárcel por denunciar el genocidio en Palestina?".

Los encausados anunciaron además que impulsarán nuevas acciones de apoyo en los próximos meses y volverán a concentrarse ante los juzgados el próximo 10 de noviembre, coincidiendo con el inicio del juicio.