El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Valladolid continúa dejando escapar ingresos municipales por la explotación de las vallas publicitarias de gran formato al no haberse resuelto todavía la adjudicación del nuevo contrato. Según el PSOE, casi once meses después de que venciera la concesión anterior, la ciudad sigue sin contrato en vigor y, por tanto, sin percibir el canon anual correspondiente por la explotación de un recurso público que, además de su valor económico, tiene impacto directo en la imagen urbana.

Los socialistas recuerdan que ya advirtieron públicamente el 17 de noviembre de 2025 de que esta situación iba a traducirse en pérdidas para las arcas municipales. En aquel momento, el Grupo Socialista señaló que la concesión demanial anterior se formalizó el 14 de abril de 2021 con un canon anual de 205.719,36 euros y una vigencia de tres años y once meses, por lo que expiró el 14 de marzo de 2025. Desde el 15 de marzo de ese año, Valladolid se encuentra, según el PSOE, sin contrato y sin ingresos por la explotación de 103 vallas de gran formato, 100 de uso publicitario y tres de uso exclusivamente municipal.

El Grupo Socialista estimó entonces que, tomando como referencia el canon anual actualizado al IPC y prorrateado entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento habría dejado de ingresar en torno a 200.000 euros solo en ese periodo. Lejos de corregirse con rapidez, el PSOE sostiene que el equipo de gobierno ha encadenado nuevos retrasos que siguen afectando negativamente a la recaudación municipal.

Según relatan los socialistas, la Junta de Gobierno acordó el 1 de diciembre de 2025 aprobar el expediente y abrir el procedimiento para adjudicar, mediante procedimiento abierto y con varios criterios, la concesión de dominio público para la explotación publicitaria de las carteleras, así como su mantenimiento, reposición e instalación. Sin embargo, la tramitación ha quedado paralizada tras la presentación de un recurso de reposición que, a juicio del PSOE, pone de manifiesto "una gestión deficiente" de cuestiones básicas del proceso, como el cómputo y la correcta publicidad de los plazos.

El concejal socialista Luis Vélez explica que, de acuerdo con el propio documento de tramitación del Ayuntamiento, el anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de diciembre de 2025, fijando un plazo de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación, lo que situaba la fecha límite de presentación de ofertas en el 5 de enero de 2026. No obstante, "por un error en los pliegos" y en el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se indicó como fecha límite el 7 de enero de 2026.

Aunque el 18 de diciembre de 2025 se rectificaron los pliegos en la Plataforma para señalar como fecha final el 5 de enero, esa corrección no se trasladó al anuncio de licitación en la misma Plataforma hasta el 12 de enero de 2026, una vez ya finalizado el plazo para presentar ofertas. Como consecuencia de esta sucesión de errores y rectificaciones tardías, el procedimiento ha vuelto a quedar bloqueado.

La Mesa de Contratación se reunió el 12 de enero de 2026 para abrir la documentación administrativa y admitió a un único licitador. El 15 de enero se procedió a la apertura del sobre económico, pero ese mismo día entró por registro telemático "un recurso de reposición presentado por la empresa Sistemas e Imagen Publicitaria S.L.U., que impugna la rectificación de los pliegos y del anuncio de licitación". La empresa sostiene que el 7 de enero intentó presentar oferta sin éxito, ya que la fecha del anuncio aún no se había rectificado mientras que el plazo efectivo se había reducido al 5 de enero.

Según el PSOE, la empresa solicitó que se concediera un plazo adicional de dos días naturales para presentar oferta o, de forma subsidiaria, que se anulara la licitación y se abriera un nuevo plazo de 30 días. Ante esta situación y para evitar perjuicios de difícil reparación, el Ayuntamiento ha admitido a trámite el recurso y ha acordado suspender el procedimiento de contratación hasta su resolución, además de dar traslado del recurso al licitador admitido para que presente alegaciones en un plazo de diez días hábiles.

Para Luis Vélez, "el equipo de gobierno no solo llegó tarde a licitar tras el vencimiento del contrato, sino que, cuando por fin lo hace, comete errores en el cómputo y la publicación de plazos que desembocan en un recurso y en la suspensión del procedimiento". "No es aceptable que el Ayuntamiento siga perdiendo dinero mientras se eterniza una adjudicación que debió estar preparada antes de que venciera el contrato anterior", concluye el concejal.