El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León acordó este martes retirar del orden del día la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, que pretendía ampliar su capacidad en 125.000 metros cúbicos, adicionales al millón ya autorizado.

La decisión se adoptó a petición del vocal de las organizaciones ambientales, y contará con el respaldo de otros miembros del Consejo, después de que la Junta de Castilla y León anunciara que encargará un dictamen a la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El objetivo es analizar el efecto del informe urbanístico municipal negativo emitido por el Ayuntamiento de Santovenia en relación con esta ampliación.

En un comunicado recogido por la Agencia Ical, Ecologistas en Acción Valladolid explicó que, ante la próxima colmatación de la instalación, la empresa titular del vertedero, Cetransa -perteneciente al grupo Urbaser-, solicitó la ampliación al no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014, ni por la autorización ambiental vigente, ni tampoco por la declaración de Proyecto Regional aprobada por la Junta en 2015.

La organización recordó que el informe urbanístico negativo, emitido en junio de 2024, concluye que "la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables", ya que el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio prohíbe expresamente la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Según la legislación estatal de prevención y control de la contaminación, este informe es vinculante y debería haber determinado el archivo del procedimiento, algo que -denuncian- la Consejería habría eludido hasta ahora.

Ecologistas en Acción calificó de "inaceptable" el trato de favor de la Junta a Cetransa y al grupo Urbaser, recordando que ya se beneficiaron en 2002 de una ley 'ad hoc', declarada inconstitucional una década después, para mantener la actividad del vertedero tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2001, que anuló sus licencias municipales. A su juicio, esta actuación incrementa el riesgo de contaminación del río Pisuerga por posibles fugas de sustancias tóxicas, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

En este contexto, la asociación insistió en la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace más de diez años. Recordó, además, que en marzo de 2024 una sentencia judicial anuló el intento de la Junta de revisarlo "por la puerta de atrás", con el objetivo -según denuncian- de consolidar a la Comunidad como sumidero de residuos industriales peligrosos de toda España, fomentando el vertido y la incineración.

Por último, Ecologistas en Acción subrayó que el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia, en funcionamiento desde junio de 1993, ha registrado numerosos incidentes a lo largo de su historia, entre ellos vertidos de residuos prohibidos, fugas contaminantes, irrupciones de aguas subterráneas, acumulaciones de agua en el vaso, problemas estructurales en la presa de cierre y un incendio. En la actualidad, almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de las que alrededor de un tercio proceden de fuera de Castilla y León.