La destrucción del azud-presa de Puente de Mesa, levantado entre los siglos XV y XVI en el río Cega, no es solo la pérdida de una obra hidráulica, es el derribo de un fragmento de memoria, de paisaje y de cultura. La decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero, a las órdenes del ministerio que dirige Sara Aagesen, se ejecutó con nocturnidad y alevosía, en contra del sentir de los municipios y de la población local. Y es un paso más en esa política que, en nombre de una idea simplificada de la "renaturalización", está convirtiendo el patrimonio hidráulico español en un objetivo a eliminar.

Hay ruinas que se mueren por abandono, y hay otras que se matan. Lo ocurrido en Puente de Mesa es una mezcla de ambas cosas. Una obra modesta si se la compara con las grandes presas del siglo XX, pero extraordinaria por su antigüedad y su integración en el territorio, había sobrevivido a guerras, riadas, cambios de uso y transformaciones agrarias. Había sobrevivido, incluso, al olvido. No sobrevivió, en cambio, a la decisión administrativa de eliminarlo como si fuera una piedra molesta en el cauce de una política que ha decidido mirar las presas con sospecha, cuando no con abierta hostilidad.

Decía John Ruskin que "no tenemos derecho a tocar las obras del pasado, porque pertenecen en parte a quienes las construyeron y en parte a las generaciones futuras". Pero Puente de Mesa se demolió. Y no se hizo tras un debate público ni después de un proceso ejemplar de evaluación patrimonial y alternativas técnicas, sino con una ejecución propia de un acto furtivo, realizado a traición, después de asegurar que se iba a restaurar, cuando vecinos y agricultores estaban literalmente durmiendo. La nocturnidad, en política pública, nunca es un buen síntoma, suele delatar la conciencia de que lo que se hace no resistiría la luz del día.

El argumento oficial es una retórica ecologista de trazo grueso, según la cual hay que "liberar" los ríos, devolverlos a un supuesto estado natural previo a la intervención humana. Una retórica que ignora que España no es un país de ríos salvajes, sino un país construido, desde la Hispania romana, sobre la gestión del agua. Desde los azudes medievales hasta los canales de riego, desde las norias hasta las grandes presas contemporáneas, nuestra historia es la de una negociación constante con la escasez, con la irregularidad climática, con la necesidad de almacenar y repartir un recurso caprichoso. Un país que no podría vivir sin presas, ya que gracias a ellas conseguimos aprovechar un 40% de la poca agua que llueve sobre él, y sin ellas tendríamos que conformarnos con un 8%.

El caso del Cega no es una excepción, sino un síntoma. La demolición de la presa de Los Toranes, en Teruel, o la de La Retorna, en La Rioja, forman parte de la misma lógica. La política de un Ministerio que ha decidido que las presas deben desaparecer. Hay, además, una dimensión social que se ignora con demasiada facilidad. Los municipios afectados no son figurantes en este drama. Son comunidades que viven el río, que lo han integrado en su economía, en su paisaje cotidiano y en su identidad. Cuando se actúa contra su criterio, sin un proceso real de diálogo y corresponsabilidad, se envía el mensaje devastador de que el territorio se gestiona desde lejos, con eslóganes y consignas, pero sin conocimiento local ni respeto por la historia compartida.

Resulta paradójico que un Gobierno que repite sin cesar que "el cambio climático mata" se dedique al mismo tiempo a destruir el sistema de infraestructuras que ha permitido, durante siglos, amortiguar sequías e inundaciones. España existe gracias a sus presas, existe porque supo, a lo largo de los siglos, domesticar el agua sin destruir los ríos, creando paisajes culturales que hoy forman parte de nuestro patrimonio tanto como una catedral o un puente romano. La literatura española está llena de ríos humanizados, de molinos, de azudes, de canales que no aparecen como intrusos, sino como parte del pulso vital del territorio. Derribar un azud del siglo XV es también destruir ese diálogo entre tiempo y paisaje que da sentido a los lugares.

La responsabilidad de este acto vandálico de la Confederación hidrográfica del Duero es finalmente de quien marca la orientación política. Del Ministerio que dirige Sara Aagesen, que debería velar por equilibrar la protección ambiental con la protección del legado histórico y con la seguridad hídrica de un país vulnerable. Cuando ese equilibrio se rompe y se opta por soluciones drásticas, rápidas y poco dialogadas, se apunta a un futuro de escasez cuyas consecuencias últimas hemos podido comprobar en países como Irán o Sudáfrica.

El azud de Puente de Mesa ya no volverá. Pero su desaparición debería servir, al menos, como advertencia. Cada derribo que se ejecuta sin consenso y sin una evaluación patrimonial seria empobrece el territorio y a la sociedad en su conjunto. Y peor aún, sienta un precedente y nos acostumbra a la idea de que la modernidad consiste en borrar, no en integrar. Y esa es una forma muy estúpida de entender el progreso.

Quizá dentro de unos años alguien escriba, al pasar por el Cega, que allí hubo una vez una obra antigua que regulaba el agua, permitía regar "el campo ensombrecido y el pedregal desierto" de esas orillas del Duero a las que cantaba Machado, y contaba una historia. Lo escribirá en pasado, porque ya no habrá nada que ver. Y tal vez entonces comprenderemos que la pérdida no fue solo de piedras y argamasa, sino de una manera de relacionarnos con el territorio que entendía la ingeniería como cultura y la naturaleza como aliada, no como excusa para arrasar con todo lo que huela a ser humano.