El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado una iniciativa para que la ciudad sea reconocida oficialmente como zona de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley estatal por el derecho a la vivienda. La propuesta, que se debatirá en el Pleno municipal del próximo 29 de diciembre, ya ha sido trasladada al resto de formaciones políticas en forma de borrador de moción.
La iniciativa se apoya en un diagnóstico que el PSOE considera incuestionable: el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema social de Valladolid. Según los datos manejados por el grupo municipal, más de 5.000 personas figuran actualmente en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública, en su mayoría mayores de 35 años y con ingresos limitados, lo que dificulta seriamente su acceso al mercado libre.
El portavoz socialista, Pedro Herrero, subraya que la situación exige una respuesta institucional coordinada y recuerda que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía de Castilla y León obligan a las administraciones a garantizar el derecho a una vivienda digna. "No podemos normalizar que miles de familias queden fuera del mercado del alquiler por unos precios que no guardan relación con los salarios", advierte.
El PSOE sostiene que el mercado inmobiliario vallisoletano presenta claros síntomas de tensión. En apenas dos años y medio, el precio medio de la vivienda en venta ha aumentado alrededor de un 20%, mientras que el alquiler ha registrado subidas aún más acusadas, con incrementos superiores al 25% de media en la ciudad y picos que superan el 30% en barrios como Delicias o el centro urbano. Todo ello, señalan, en un contexto en el que los ingresos de la población no han crecido al mismo ritmo.
Ante este escenario, los socialistas defienden la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley 12/2023, que permiten intervenir de forma temporal en el mercado del alquiler, limitar subidas consideradas abusivas y reforzar la protección de las personas inquilinas, sin dejar de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilen a precios asequibles.
La moción plantea dos compromisos concretos: solicitar a la Junta de Castilla y León la declaración de Valladolid como zona de mercado residencial tensionado y, paralelamente, que el Ayuntamiento se implique activamente en el proceso, aportando datos y apoyo técnico a través de la Mesa Municipal de la Vivienda.
Para Herrero, se trata de una medida "equilibrada y de interés general" que busca garantizar seguridad tanto a inquilinos como a propietarios responsables. "El objetivo no es generar confrontación, sino hacer efectivo un derecho básico que hoy, para demasiada gente en Valladolid, se ha convertido en un lujo", concluye.
