El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha anunciado la presentación inminente de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales contra el alcalde, Jesús Julio Carnero, al que acusa de impedir reiteradamente que el PSOE pueda ejercer su derecho a presentar mociones para su debate en el Pleno municipal.

Los socialistas fundamentan su denuncia en el artículo 23 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de los cargos públicos a ejercer plenamente sus funciones representativas. Según el portavoz municipal del PSOE, Pedro Herrero, el alcalde "ha sustituido las reglas por la censura previa", al vetar en dos ocasiones iniciativas registradas por su grupo que pedían explicaciones sobre el trabajo del Director de Coordinación de Políticas Públicas, conocido popularmente como el ‘Alcalde B’.

"Vetar las mociones que presenta el Grupo Municipal Socialista es un inadmisible recorte del control democrático y la transparencia; los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero y a que el Pleno pueda debatir libremente las propuestas de los grupos", ha denunciado Herrero. El portavoz considera que Carnero está cometiendo "un desprecio intolerable a las normas y un nulo respeto a los vallisoletanos".

El PSOE sostiene que el veto del alcalde constituye una "restricción ilegítima" del derecho de representación de los concejales y una "limitación del control democrático". Por ello, ha decidido trasladar el caso ante la jurisdicción competente para que se restablezca su derecho a presentar y debatir iniciativas en el Pleno. "No vamos a consentir que se pisotee el artículo 23 de la Constitución ni que se silencie a la oposición; vamos a defender hasta el final el derecho de los concejales a trabajar por su ciudad", afirman en un comunicado remitido a Tribuna Valladolid.

El conflicto se remonta a la creación, en agosto de 2023, del puesto de Director de Coordinación de Políticas Públicas, un cargo de confianza diseñado por Carnero y dotado con un salario anual superior a 156.000 euros. El PSOE denunció entonces que se trataba de un órgano "ajeno al Reglamento Orgánico" y "más costoso que un director de área", creado únicamente para sostener la estructura de poder del alcalde mientras compatibiliza su cargo con su escaño en el Senado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón al grupo socialista al declarar nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno que creó el puesto, al considerar que el órgano directivo "no puede establecerse por vía de la Relación de Puestos de Trabajo sin la previa modificación del Reglamento Orgánico municipal".

Pese a la sentencia, el equipo de gobierno de PP y Vox decidió mantener la figura modificando después el Reglamento "de forma precipitada y sin consenso", según denuncian los socialistas. Desde entonces, el PSOE ha intentado sin éxito debatir en Pleno dos mociones para fiscalizar la utilidad del llamado ‘Alcalde B’: una para exigir explicaciones públicas sobre sus funciones y otra para que el propio alcalde o un concejal asumiera esas competencias.

El veto a ambas iniciativas ha llevado al grupo socialista a hablar de "deriva antidemocrática" y "cacicada". "Carnero ha decidido que cuando no le conviene, las normas se ignoran y la oposición se calla. Pues no: vamos a defender la ley y el derecho de la gente a ser representada", concluye Herrero.

Con la denuncia por vulneración del artículo 23 de la Constitución, el PSOE reclama el fin de los vetos, la restitución inmediata de su derecho a presentar y debatir mociones y el respeto a la legalidad municipal y a los vallisoletanos "a quienes representan sus concejales".