La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acompañada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, visitará este viernes, a partir de las 10.45 horas, los terrenos del antiguo acuartelamiento de La Rubia, en Valladolid, donde el Ejecutivo central proyecta la construcción de viviendas públicas.

La visita se enmarca en la estrategia de agilización de los plazos para transformar este enclave, ubicado en el Paseo Zorrilla, en un nuevo espacio residencial con vivienda protegida. Esta operación fue autorizada por el Consejo de Ministros en 2023, permitiendo al Ministerio de Defensa vender los terrenos a la entidad pública SEPES, promotora del proyecto.

El acto tiene lugar en un momento clave para el futuro urbanístico de la ciudad. La presencia de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, se produce pocos días después de que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad decidiera llevar ante la Justicia la decisión del actual Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, de abonar únicamente una parte de la aportación comprometida para este ejercicio 2024.

El trasfondo de esta disputa es el enfrentamiento entre dos modelos de desarrollo ferroviario para la ciudad: el actual alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), apuesta por el soterramiento de las vías del tren, mientras que el Gobierno central y la anterior corporación municipal, presidida por Puente, defienden la continuidad del plan de integración ferroviaria en superficie, que ya ha supuesto la ejecución de varios pasos subterráneos.

A esta tensión se suma la presentación, hace unos meses, del proyecto de la nueva estación ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes, una infraestructura diseñada dentro del marco de la integración ferroviaria. Sin embargo, dicho proyecto resultaría inviable con un eventual soterramiento, dejando en el aire importantes inversiones y actuaciones urbanísticas que dependen de la coordinación entre administraciones.

La visita de los tres ministros busca reafirmar el compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de vivienda pública y con los planes urbanísticos ya aprobados, al tiempo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de consenso institucional para avanzar en los grandes proyectos de ciudad.