Las pulseras de control telemático permiten saber la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento de sus víctimas, de manera que sirven para proteger a las mujeres y documentar posibles quebrantamientos. En España, actualmente son más de 4.500 los hombres que las llevan puestas.

Una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, de la que alertó la Fiscalía en 2024, ha desatado una nueva tormenta política y ha puesto en el foco estos dispositivos, que se utilizan en España desde 2009 y con los que no ha sido asesinada ninguna víctima que lo portara, publica EFE. 

El cambio en las empresas que gestionaban estas pulseras, en marzo de 2024, provocó una incidencia temporal que impidió a los juzgados acceder a los datos de ubicación de maltratadores que hubieran podido quebrantar la medida de alejamiento antes de esa fecha, lo que llevó al sobreseimiento temporal de casos.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas, relata EFE. 

En su última memoria, el ministerio fiscal defiende la "indiscutible utilidad" de este instrumento para proteger a las víctimas, "resultando incontestable que hasta la fecha ninguna de las mujeres asesinadas" llevaba uno.

¿Cómo funcionan estas pulseras?

Cuando un juzgado lo decreta, se instala una pulsera en la muñeca o el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento. A la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alertará cuando el hombre se acerca a ella a pesar de la prohibición de aproximación.

Su instalación persigue un triple objetivo: garantizar la seguridad de la mujer, documentar un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento y disuadir al agresor del incumplimiento de las prohibiciones impuestas judicialmente.

Inicialmente, las pulseras se instalaban para proteger a víctimas de violencia de género, pero gracias a la ley del sólo sí es sí también se pude utilizar para controlar la localización de agresores sexuales.

Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de un investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida frente a varios agresores.

La pulsera de geolocalización tiene una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de forma sencilla.

La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta al centro de control. Además, el terminal puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) se ponga en contacto con ella para verificar su estado.

El teléfono de la víctima puede emitir alertas visuales, sonoras y de vibración cuando el dispositivo del investigado está cerca. También cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro.

Si el agresor se acerca a la mujer o a la zona de exclusión fija (a la que no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza alerta al centro Cometa, y este actúa en función de la situación: llamando al agresor, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y/o hablando con la víctima.

En marzo de 2024, se hizo un cambio de sistema que incluyó modificaciones tecnológicas, cambio de las empresas que gestionan estas pulseras (ahora Vodafone y Securitas) y la ampliación de la protección a víctimas de delitos sexuales.

El Gobierno invirtió más de 40 millones de euros de los fondos europeos para disponer de más dispositivos. Las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento se comprometieron a gestionar hasta 11.000 dispositivos, recoge EFE.