La reciente entrevista al nuevo gerente de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid evidencia, con una franqueza quizá involuntaria, una concepción reduccionista del papel que esta institución debe desempeñar. Presentar la gerencia como un cargo "más técnico que cultural" es, en realidad, una declaración de principios: la cultura queda desplazada a un plano subordinado, convertida en objeto de gestión administrativa y no en un espacio de creación, pensamiento y servicio público. Este enfoque, lejos de ser neutro, configura un modelo en el que las decisiones culturales se diluyen en procedimientos, donde la "neutralidad" se proclama como valor mientras se aceptan sin cuestionar las directrices políticas de un gobierno local que, no casualmente, coincide con la adscripción partidaria del propio gerente.

El problema no reside únicamente en la falta de experiencia específica en el sector cultural, sino en la ausencia de una visión sobre lo que significa gestionar cultura en una ciudad que aspira a tener un papel relevante en el panorama artístico nacional e internacional. La entrevista transmite la idea de que el núcleo de la función será la centralización de reservas, la homogeneización de contratos o la mejora de hojas de cálculo. Por muy necesarios que puedan ser estos aspectos, relegar la cultura a un asunto de logística es ignorar que la programación, la preservación del patrimonio y el estímulo de la creación contemporánea requieren de criterios, sensibilidad y juicio crítico que trascienden lo meramente técnico.

No es casual que entre los principios que se le "han dejado claros" aparezca, con llamativa centralidad, "evitar la ofensa a los sentimientos religiosos", un criterio ambiguo que en otros contextos ha servido como excusa para limitar o censurar expresiones artísticas incómodas. Tampoco lo es que se hable de "unir a los ciudadanos" en una época "muy polarizada" sin reconocer que la cultura, precisamente por su naturaleza plural, no está llamada a homogeneizar sensibilidades sino a provocar diálogo, contraste y, en ocasiones, conflicto fecundo. Pretender una programación que "evite la confrontación" es, en la práctica, optar por un modelo inofensivo y domesticado de cultura, en el que lo divergente y lo crítico se ven relegados a favor de lo "familiar" y lo "apto para todos los gustos". Como recordaba George Orwell, "si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír": un principio que la cultura vallisoletana no puede permitirse ignorar si aspira a ser libre y significativa.

A ello se suma una propuesta de financiación basada en el incremento de los precios de alquiler de los espacios municipales. Aunque pueda presentarse como un ajuste razonable, este planteamiento amenaza con reducir el acceso de colectivos pequeños, emergentes o no comerciales, debilitando así la diversidad y la riqueza del ecosistema cultural local. La gestión de la cultura como bien común exige preservar su accesibilidad, no subordinarla a criterios meramente recaudatorios. "Confunde valor y precio, y las dos cosas le parecen lo mismo", advertía Antonio Machado. Y es que reducir la cultura a balances, tarifas y hojas de cálculo es desconocer que su verdadero valor reside en su capacidad de transformar, incomodar y ampliar el horizonte común.

La entrevista también muestra una concepción limitada de eventos clave como la SEMINCI, reducida casi exclusivamente a su vertiente logística y de tramitación. Aunque la eficacia administrativa sea imprescindible, ignorar la dimensión estratégica, creativa y de proyección internacional de un festival de esta magnitud es renunciar a su papel como referente que no solo atrae público, sino que define la identidad cultural de la ciudad.

Llama asimismo la atención que el patrimonio histórico y cultural se aborde principalmente desde la óptica de su coste y mantenimiento. El patrimonio no es un gasto contingente, sino una inversión que fortalece la memoria colectiva, la proyección internacional y el arraigo ciudadano. Una gestión que lo perciba ante todo como carga presupuestaria carece de una visión cultural y estratégica a largo plazo.

Resulta también preocupante la ligereza con la que se asume que las directrices políticas "vienen dadas" y no deben ser objeto de reflexión desde el propio ámbito de gestión. La cultura municipal no puede entenderse como una simple prolongación de un acuerdo de gobierno, sino como un bien común cuya defensa exige autonomía, conocimiento especializado y capacidad de interlocución con la sociedad civil. El gerente, en este sentido, no es un mero ejecutor de instrucciones, sino un agente con responsabilidad en la preservación de la libertad de creación y en la garantía de que el patrimonio cultural de la ciudad no sea instrumentalizado por ninguna agenda ideológica.

El argumento de que la cultura "se politiza" inevitablemente es cierto en un sentido amplio —toda expresión cultural tiene implicaciones sociales y políticas—, pero resulta ingenuo o conveniente reducir esta constatación a un gesto de tolerancia equidistante. La politización no siempre es un problema: puede ser la condición misma para que la cultura sea significativa. Lo que sí constituye un riesgo es confundir la equidistancia con la neutralización, y la gestión con el silenciamiento de aquello que incomoda. En este punto, la entrevista deja entrever un modelo que privilegia la estabilidad y el orden administrativo por encima de la vitalidad y el riesgo creativo.

Valladolid cuenta con un tejido cultural y artístico diverso, con instituciones y festivales que han logrado reconocimiento más allá de la ciudad. Su preservación y crecimiento no dependen únicamente de tener balances presupuestarios equilibrados o sistemas estadísticos más eficientes, sino de una concepción estratégica que entienda la cultura como un espacio de ciudadanía crítica, encuentro plural y proyección internacional. Asumir que este liderazgo puede ejercerse sin experiencia cultural específica, confiando en que el aprendizaje vendrá "sobre la marcha", es una apuesta que la ciudad no puede permitirse sin riesgo de empobrecimiento simbólico.

En definitiva, lo que se desprende de esta entrevista no es tanto una hoja de ruta para fortalecer la vida cultural vallisoletana como la instauración de una gestión funcional, subordinada y cauta, que difícilmente podrá responder a los desafíos que plantea la cultura en un contexto de tensiones políticas y económicas. No basta con mantener "principios constitucionales" o evitar "polémicas innecesarias": lo que se necesita es una defensa activa de la cultura como espacio libre, crítico y abierto, capaz de incomodar tanto como de unir, y de situar a Valladolid en el mapa no por su formalismo administrativo, sino por su audacia cultural.

Conviene recordar, como colofón, que VOX fue el único partido del Ayuntamiento de Valladolid que se opuso a reconocer la trayectoria de Emilio Lledó, académico, filósofo y una de las voces más lúcidas de la cultura española contemporánea. Tal gesto no fue una mera anécdota protocolaria, sino un síntoma revelador: la libertad que se proclama no siempre es la que se ejerce. Cuando se niega el reconocimiento a figuras cuyo pensamiento encarna la defensa de la razón crítica, la dignidad de la palabra y el diálogo democrático, lo que se defiende no es la libertad, sino su versión domesticada, filtrada para que no incomode a quienes temen la vitalidad de las ideas. Ese es, quizá, el verdadero trasfondo de la concepción "técnica" de la cultura que se expone en esta entrevista: una cultura sin filo, sin riesgo y, por tanto, sin la potencia transformadora que justifica su existencia en una sociedad libre.