Otra vuelta de tuerca a la estupidez política del momento. Un nuevo clavo en el ataúd de la justicia social y la igualdad en España. Sabíamos que en los últimos tiempos todo vale en el ámbito parlamentario nacional, sin embargo hemos superado un nivel más de sinrazón, ahora los españoles somos xenófobos por ley. Y que siga la fiesta.

El último decretazo del Gobierno respecto a los menores inmigrantes supera lo insuperable. No sirve como argumento que en Valencia el PP haya asumido los principios de Vox en materia migratoria. Lo de Mazón para sacar adelante sus presupuestos autonómicos es ciertamente peligroso, pero lo de Sánchez con Junts es trágico desde ni se sabe. Lo peor, es que ni así consigue aprobar los del Estado hace años.

El presidente del Gobierno ha acordado con Puigdemont los nuevos criterios de reparto de menores inmigrantes no acompañados para el conjunto del país. El día anterior ni informó al resto de comunidades autónomas en la correspondiente reunión ministerial. Todo muy democrático. Edificante. Un ejemplo a seguir en el libro de estilo de la moderna democracia española del siglo XXI.

Al parecer, meter el dedo en el ojo –o sitio peor– al Partido Popular es la única razón de existir del Gobierno y compañía. Ha salido en tromba toda la tropa de Moncloa a repetir que Mazón es un xenófobo de manual y que Feijóo es un converso de la extrema derecha, con la intención de borrar que ellos pactan con el mayor supremacista (racista) del Reino, Puigdemont. Su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, lo evidencia cada día. La ha faltado tiempo para gritar a los cuatro vientos que, en el nuevo reparto de los MENAS, a Cataluña le corresponde un puñado mientras que a Madrid o Andalucía irán unos cuantos centenares.

Los autores de la peripecia legal argumentan que hay que distribuir equitativamente a los chavales por las distintas autonomías, reconociendo de paso que no tienen ni idea de cuántos hay actualmente en cada una porque no  se les ocurrió realizar un registro oficial en su momento. Para solucionar el desaguisado ahora las comunidades deberán informar del número de inmigrantes atendidos. Así se gestiona uno de los asuntos de verdadera importancia nacional. Mientras Canarias no da abasto con la llegada en patera de muchachos y reclama la solidaridad del resto, el Gobierno juega con ello a contentar los culos que ocupan siete escaños en el Congreso.

Sánchez, que no controla a sus socios de mayoría parlamentaria, sigue con unos equilibrios inverosímiles con tal de seguir al frente del país, sin reparar en que está discriminando nuevamente a los ciudadanos, según su origen o empadronamiento. El agravio con el reparto de menores resulta ofensivo y los anunciados recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de las comunidades autónomas gobernadas por los populares no son más que un brindis al sol. No tienen recorrido jurídico a decir por los que saben de esto.

Pese al bombardeo mediático de rigor, que el presidente valenciano siga liándola y se haya convertido en un lastre mayúsculo en la política nacional no justifica el mercadeo de Sánchez con los menores inmigrantes. La xenofobia se ha convertido en norma. Bajarse los pantalones por un puñado de votos no produce vergüenza alguna, incumplir con la ley más elemental de cualquier parlamento, como es aprobar anualmente unos presupuestos generales del Estado, no importa lo más mínimo. Al margen del drama en que se está convirtiendo el asunto de la pelota vasca en España por las cesiones al PNV, ¿qué será lo próximo, presidente?