La Inspección provincial de Trabajo de Valladolid ha propuesto sancionar con 4.105.314 euros a las plataformas digitales de reparto que operan en la provincia. El motivo no es otro que la contratación de 840 trabajadores sin el correspondiente alta en la Seguridad Social.

El periodo objeto de esta regularización abarca desde el 12 de agosto de 2021, fecha en la que entró en vigor la llamada Ley Rider, que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, hasta julio de 2024.

A esa cantidad se suma el importe de las liquidaciones por las cotizaciones sociales no ingresadas, que es de 2.484.499 euros, y la propuesta de sanción añadida por emplear a cuatro personas extranjeras sin autorización de trabajo, por 35.597 euros más.