La Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados en el 'caso de la Perla Negra', después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid diera a conocer este miércoles la sentencia condenatoria por el alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales, construido en Arroyo de la Encomienda, y de la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo.

Según un comunicado de la Junta recogido por Ical, las penas impuestas de prisión y de inhabilitación, son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Administración Autonómica.

En concreto, la sentencia condena al entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado y a los empresarios Germán Martín Giraldo y Ángel Román Montes a pagar, de forma solidaria, por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo una cantidad que supera los cuatro millones y medio de euros a la Administración autonómica, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 S.L. 

Por otro lado, por el caso de los terrenos de Portillo, condena a Rafael Delgado y a los empresarios, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González a indemnizar en la cantidad de 2.026.198,37 euros a la Junta, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y de Cementos La Bureba S.L.

La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta en su papel de acusación particular como especialmente relevante para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular.

Respecto a la posibilidad de interposición de recurso contra esta resolución judicial, ya que la sentencia es definitiva pero no firme, la Administración autonómica estudiará detenidamente los fundamentos de la sentencia, y decidirá posteriormente, dentro del plazo existente para ello, si presenta dicho recurso, sin perjuicio de la presunción de inocencia y del legítimo ejercicio de derecho de defensa de los condenados, que también podrán recurrir.