La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores. El empresario debía 16.000 euros a sus empleados. La investigación se inició en Valladolid, en una investigación denominada 'Operación ODIN'. Los agentes detectaron y localizaron a una cuadrilla de trabajadores de la construcción que eran víctimas de explotación laboral. Conocieron, de hecho, que el varón que ostentaba la titularidad de una Sociedad Limitada dedicada a la actividad de construcción y reformas, que tenía en plantilla a tan solo cuatro trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

A raíz de la colaboración entre Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, se procedió a la realización de inspecciones conjuntas y simultáneas enlas obras contratadas por el empresario, pudiendo corroborar las versiones vertidas por las víctimas. En una de las inspecciones resultó identificado el propio empresario junto a dos trabajadores sin autorización para trabajar en España, mientras que en la otra inspección se localizó e identificó a otro trabajador en situación irregular.

Ya en plenas gestiones de investigación, los agentes comprobaron que el varón había contratado, al menos, a siete súbditos extranjeros en situación administrativa irregular como mano de obra. Todos elos se encontraban en situación de vulnerabilidad con cargas familiares, y que movidos por la necesidad de subsistir, se vieron abocados a aceptar las condiciones laborales impuestas por el empresario.  Estas condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que rozaban la semi esclavitud, consistían en trabajar a destajo hasta doce horas diarias de lunes a viernes e incluso los fines de semana que el empresario consideraba necesario, sin derecho a vacaciones ni descansos o días libres. Carecían de contrato laboral y alta en Seguridad Social.

El salario medio prometido era de unos cincuenta euros diarios, sin embargo ninguno de ellos llegó a percibir las cantidades pactadas, recibiendo únicamente pequeñas cantidades económicas para subsistir, acumulando el empresario una
deuda con los siete trabajadores objeto de explotación laboral de más de 16.000 euros. Esta "contratación" de trabajadores irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidos resultaba muy rentable para el empresario, ya que el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente. La operación policial culmina con la detención del investigado.