La investigación, basada en el análisis de más de 104.000 títulos publicados entre 1930 y 2025, constata un aumento de la complejidad, la diversidad de mecánicas y la duración de las partidas
La Junta rechaza la financiación de la ley orgánica del sistema universitario que plantea el Gobierno
Rocío Lucas lamenta que el Ejecutivo anuncie que solo se hará cargo de la parte de la contratación necesaria para cumplir con la normativa aprobada sin consenso
La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha rechazado los planes del Gobierno para financiar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha lamentado que, "una vez más, tome decisiones sin consultar con las Comunidades autónomas".
La titular de Educación en Castilla y León ha reaccionado así, a través de un comunicado que recoge EFE, tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de que sufragará parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.
La aplicación de la normativa supone, según Lucas, un "sobrecoste" para las universidades que "vuelve a recaer sobre las administraciones autonómicas". De este modo, para la Junta de Castilla y León, "el Gobierno de España debe hacerse cargo de los costes que deriven de las leyes que impone de forma unilateral".
Según la titular de Educación, en la comisión de trabajo que se creó para consensuar la aplicación de la nueva ley se han acordado algunas cuestiones como el retraso de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU.
Asimismo, las comunidades autónomas presentaron una propuesta de financiación de plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar. Sin embargo, "en las últimas horas se ha publicado que el Gobierno Central sólo financiará parte de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la ley", ha lamentado la titular de Educación.
Según la información publicada, sufragarían el coste durante los 6 años que dura el contrato y da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas, ha relatado la Junta.
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