El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León se sumó a la demanda para la aprobación de las tarjetas europeas de discapacidad y estacionamiento antes delas próximas elecciones al Parlamento europeo de junio de 2024 para garantizar los derechos y la inclusión del colectivo en todo los países de la Unión Europea (UE). De esta manera, se dará respuesta a una demanda de la sociedad civil de la discapacidad que reclama, desde hace años, que el colectivo disfrute de la libre circulación sin que haya obstáculos y con los apoyos individuales que cada persona necesite.

"Todas las personas con discapacidad han de estar protegidas en todo el territorio de la UE contra la discriminación, la segregación y los abusos", recoge el manifiesto de Cermi para contar con "una Europa social, una Europa de las personas, una Europa que defienda y preserve los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias".

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra el domingo 3 de diciembre, tres miembros del Cermi leyeron en Valladolid el manifiesto que demanda la libre circulación en la Unión Europea, ya que es un derecho que aún no llega a todo el mundo pero también que exista un "pleno reconocimiento" de discapacidad en todos los países miembros, donde no exista discriminación, segregación y abusos. En este sentido, el Comité alertó que las mujeres y las niñas con discapacidad, que suponen el 60 por ciento de la población con discapacidad en la UE, son el grupo en mayor riesgo de exclusión. En cuanto a la Tarjeta Europea de Discapacidad, se busca garantizar el acceso "inmediato" a las prestaciones personales, económicas, a las personas personas y productos de apoyo necesarios para su autonomía personal.

El manifiesto -leído por Rosa Martínez (Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León, Cocemfe CyL), Luz Valbuena (Federación de Castilla y León de Daño Cerebral de Castilla y León, Fecyldace) y Ana María Santiago (Salud Mental Castilla y León)- también reivindicó la modificación del artículo 49 de la Constitución Española para enunciarlo en clave de derechos humanos y la elevación del 0,7 al uno por ciento de la asignación tributaria de los impuestos de renta y sociedades para atraer más recursos que permitan "robustecer" la sostenibilidad de las partes "más frágiles" de la ciudadanía.