No, no son las conclusiones ni las críticas o alabanzas que puedan hacer al gobierno de España los europarlamentarios que han visitado estos días nuestro país, lo que me interesa. Es el hecho de que la UE se preocupe de lo mismo que nos preocupa a los ciudadanos, lo que me interesa. Claro que los ciudadanos estamos preocupados por las nefastas consecuencias que está acarreando una ley hecha con los pies. Claro que queremos saber por qué no llegan los fondos europeos a las empresas, es decir a la economía real.   

La visita de estos eurodiputados a España no significa una condena a nadie, pero es mucho más que un acto de cortesía y que un acto de control. Ya iba siendo hora de que alguien controlara a los gobiernos nacionales de los países miembros. Los parlamentos nacionales, dominados por los diputados del partido que está en el poder, no ejercen un verdadero control al gobierno. Las sesiones de control al ejecutivo son una pantomima y un insulto a la democracia, pues los gobiernos no suelen responder a ninguna de las preguntas que les formula la oposición. Y los tribunales de justicia, que es el otro órgano que puede controlar al gobierno, son económicamente inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, lentos en sus procedimientos y suelen tener en su cúpula a personas afines al gobierno.

Sin control no hay democracia, y tampoco hay empresa que permanezca en pie sin un mínimo de control. En varios países de la Unión, entre ellos España, no hay control parlamentario, y el poder judicial se ve desprestigiado desde las instituciones políticas, e incluso desde el Parlamento nacional, que, además, se permite el lujo de anular de facto las sentencias judiciales a través de la reforma del código penal

Esta visita de los europarlamentarios a nuestro país, aunque sea meramente simbólica y aunque haya sido muy corta, puede ser el inicio de una nueva dimensión del Parlamento europeo. Hasta ahora, son los parlamentos nacionales los que, según el tratado UE (art. 5), deben controlar como policías al Parlamento europeo para que en virtud del principio de subsidiaridad no se extralimite en sus competencias, pero tanto el tratado UE como el principio de subsidiaridad pueden ser un boomerang que se vuelva contra los gobiernos y los parlamentos nacionales, obligándolos a someterse al control del Parlamento Europeo y de las otras instituciones de la Unión.

¿Quién controla si los gobiernos de los Estados miembros cumplen con las obligaciones de justicia social (3) que imponen el Tratado UE o si respetan los valores que defiende la Unión (art.2)? Los Estados miembros no son algo distinto de la Unión, sino parte constitutiva de la misma y están sometidos a los obligaciones que el tratado UE impone a la Unión. Y en virtud del principio de subsidiaridad muchas de las competencias de los gobiernos nacionales hace ya tiempo que se las deberían haber pasado a la Unión, pues los ciudadanos se las han encomendado para que las ejerzan con profesionalidad. Y si no tienen esa profesionalidad o "competencia", es decir si "profesionalmente son incompetentes" también son "jurídicamente  incompetentes". 

¡Eurodiputados, volved pronto a España, pues os necesitamos!