Valladolid se sitúa a la cabeza de Castilla y León en número de bajas laborales, con un total de 79.768 procesos de incapacidad temporal tramitados durante 2025, según recoge un informe de la Consejería de Sanidad al que ha tenido acceso Ical.

La cifra coloca a Valladolid claramente por delante de Burgos, con 61.923 bajas, y León, con 41.227, las siguientes provincias con mayor volumen de procesos. En el conjunto de Castilla y León se contabilizaron 293.865 bajas laborales durante el pasado año, por lo que más de una cuarta parte de todos los procesos registrados en la Comunidad correspondieron a Valladolid.

Los datos provinciales adquieren especial relevancia en un contexto en el que los días de incapacidad temporal se han más que duplicado en Castilla y León desde 2013. La Comunidad ha pasado de contabilizar 6,8 millones de días de baja hace doce años a 15,6 millones durante 2025.

El número de procesos también mantiene una tendencia creciente a largo plazo. En 2013 se contabilizaron 142.461 bajas en Castilla y León, frente a las 293.865 del último ejercicio. El incremento fue especialmente acusado entre 2020 y 2022 debido al impacto de la pandemia de Covid-19, hasta alcanzar un máximo de 402.586 procesos en 2022.

Valladolid no solo encabeza el número absoluto de bajas. La provincia presenta además el segundo índice mensual más elevado de toda Castilla y León, con 2,84 nuevas bajas por cada 100 trabajadores afiliados activos, únicamente por detrás de Burgos, que alcanza las 3,26. Esta tasa vallisoletana se encuentra por encima de la media autonómica, situada en 2,47 bajas nuevas por cada 100 afiliados al mes. Por detrás aparecen Soria, con 2,97; Palencia, con 2,80; Segovia, con 2,18; Ávila, con 2,16; León, con 2,02; Zamora, con 1,98, y Salamanca, con 1,81.

Pese a liderar el número de procesos, Valladolid se encuentra entre las provincias donde las bajas tienen una menor duración. La media se sitúa en 45,73 días por proceso, frente a los 52,65 días del conjunto de Castilla y León. Solo Soria, con 41,42 días, Burgos, con 41,44, y Segovia, con 44,52, registran bajas de menor duración media. En el extremo contrario aparece León, donde una incapacidad temporal se prolonga una media de 77,24 días, seguida de Salamanca, con 63,74.

El informe autonómico permite también conocer cuáles son los problemas de salud que están detrás del mayor número de incapacidades temporales. En el conjunto de Castilla y León, las enfermedades respiratorias fueron la principal causa de baja durante 2025, con 34.798 procesos, seguidas de las alteraciones musculares de partes blandas, con 31.415, y las digestivas, con 26.496.

Sin embargo, son la ansiedad y el estrés los que generan bajas mucho más prolongadas. Aunque estos trastornos ocuparon la cuarta posición por número de casos, con 23.311 procesos, acumularon 2.666.199 días de incapacidad temporal.

Cada baja relacionada con ansiedad y estrés se prolongó una media de 114,4 días, más del doble de la duración media general. También tuvieron un importante impacto las alteraciones articulares, con una duración media de 86,1 días, y los problemas musculares de partes blandas, con 70,2.

Los datos muestran así dos realidades diferentes: mientras las enfermedades respiratorias y digestivas provocan un elevado número de bajas pero generalmente de corta duración, los problemas relacionados con la salud mental y determinadas patologías musculoesqueléticas mantienen a los trabajadores alejados de sus puestos durante periodos mucho más prolongados.

Por sexos, las mujeres presentan un índice mensual de nuevas incapacidades temporales superior al de los hombres en todas las provincias de Castilla y León. En el conjunto autonómico, el 54,9% de las bajas corresponde a mujeres, frente al 45,1% registrado entre los hombres.

La incapacidad temporal se produce cuando un trabajador no puede desempeñar provisionalmente su actividad debido a una enfermedad o accidente, sea o no de origen laboral, y necesita asistencia sanitaria. Habitualmente, el proceso comienza con el reconocimiento de la situación por parte de un facultativo de Atención Primaria, mientras que el reconocimiento de la prestación económica corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.