El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este martes la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del centro de la ciudad, que recoge una "amplísima casuística" de exenciones y que entrará en vigor a lo largo del próximo año si bien la intención del equipo de Gobierno es no sancionar hasta el 31 de diciembre de 2023.

Así lo han explicado este martes el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, que han presentado la ordenanza que se aprobará este miércoles en Junta de Gobierno y se llevará al Pleno municipal el próximo 13 de diciembre para aprobación inicial.

Los primeros vehículos a los que afectará esta nueva normativa serán los que no pueden contar con etiqueta de emisiones de la DGT, es decir con motores diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000, que según María Sánchez suponen un 17 por ciento de los matriculados en Valladolid.

Eso sí, la ordenanza establece una "amplísima casuística" de exenciones --para residentes empadronados dentro de la ZBE, vehículos con plaza de garaje, servicios públicos esenciales, 'carsharing', con tarjeta de personas con movilidad reducida, vehículos de mudanzas o servicios funerarios, grúas de rescate y vehículos de taller--.

Además, se establece una moratoria hasta el 1 de enero de 2030 para los vehículos titularidad de personas con ingresos anuales inferiores a 1,3 veces el IPREM, vehículos de empresa, autotaxis, servicios de urgencia en vía pública (agua, gas, electricidad), y carga y descarga de mercancías.