Quien sube a un tren firma, sin leerlo, un contrato de confianza con desconocidos. No sabe quién revisó las vías ni quién vigila que todo funcione, y no necesita saberlo: esa ignorancia tranquila es una conquista de la vida civilizada. Lo ocurrido en Urda ha roto vidas, que es lo irreparable, y con ellas esa confianza. Pocas muertes son tan difíciles de aceptar como las que irrumpen en lo cotidiano: un viaje de trabajo, una visita familiar, la vuelta a casa. Al dolor de la pérdida se suma el del absurdo, y no hay explicación técnica que lo alivie. Las familias, quienes sobrevivieron y la ciudadanía entera merecen ser tratados con respeto y con verdad, como adultos capaces de asumirla. Y una tragedia así obliga a preguntarnos en qué nos equivocamos, no solo en lo técnico, sino también en lo político, en lo social y en lo ético.

Gobernar es decidir dónde se invierte y dónde se ahorra: ese es el mayor valor de la política y su prueba más dura. No se trata de gastar menos, sino de gastar bien: la buena política invierte en lo que protege aunque no luzca y renuncia a lo que solo luce. Nadie inaugura un protocolo de seguridad, una plantilla suficiente ni un buen mantenimiento; se inauguran estaciones y líneas nuevas. Durante muchas décadas, el corte de cinta y la fotografía han favorecido la obra nueva sobre el cuidado de la vieja. Una sociedad que solo premia lo visible acaba pagando el precio de lo invisible.

Esa miopía se ve en lo que se recorta. La seguridad necesita holgura: tiempo de sobra, una persona de más, una segunda comprobación. Desde un despacho, todo eso parece despilfarro, y recortarlo, un ahorro; pero ese ahorro solo aplaza un gasto que se paga a un precio que no se mide en euros. En lo público se invierte mucho, y a menudo bien; el problema aparece cuando lo que protege compite con lo que luce, porque proteger no da tantos titulares.

Y aquí llega el bochorno: en pocas horas, la tragedia se convierte en arma. Unos la usan para exigir cabezas; otros, para buscar un responsable lo más abajo y lejos posible de sí mismos. Ninguno dice que quienes hoy acusan hicieron lo mismo cuando gobernaban: los mismos recortes donde nadie mira, el mismo silencio ante las desgracias de su mandato. Y quienes hoy se defienden usaron en su día otras tragedias contra sus adversarios. Es un juego de turnos donde los muertos cambian de bando según quién ocupe el poder. Utilizar a las víctimas como munición es la forma más baja de la política y una quiebra moral: convierte el dolor ajeno en coartada para no dar cuentas de nada. La falta de vergüenza no es patrimonio de nadie, y quien no gobierna puede prometer sin tener que responder de lo prometido. Decirlo no es despreciar la política, sino exigirle que esté a la altura de lo que defiende.

Responder viene de "respondere": dar cuenta ante otro. La culpa mira hacia atrás y busca un nombre; la responsabilidad mira hacia delante y pregunta qué hay que cambiar. La responsabilidad pública no espera a los jueces ni se esconde tras ellos: consiste en reconocer las prioridades equivocadas y corregirlas.

Hay otra responsabilidad que no es de los gobiernos: la nuestra. La ciudadanía aplaude la cinta igual que quien la corta. Pide trenes más rápidos y estaciones nuevas, y pocas veces pregunta por el mantenimiento. Se indigna durante una semana y olvida durante años. Esa desproporción es la mejor aliada de quien gobierna mal: le basta con resistir unos días. Hace más de un siglo, Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, advertía que en los días críticos es más cómodo para muchos "pedir alborotados a gritos 'una revolución', 'un gobierno', 'un hombre', cualquier cosa, que dar en voz baja el alma entera para contribuir a crear lo único que nos hace falta: un pueblo adulto". Ser un pueblo adulto es también preguntar dentro de un año, y de cinco, qué se hizo, y tener presente al votar lo que no se ve.

Ese olvido tiene una raíz que apenas se nombra, y que es menos dolor o indignación que hastío: el de un país que asiste a la misma función con los papeles cambiados y ha dejado de creer en ella. Ese hastío es más peligroso que la ira: quien ya no espera nada de lo público busca su seguridad por su cuenta, y una sociedad donde cada uno se protege solo deja de serlo. En ese terreno prosperan quienes aprovechan cada desgracia, desde las redes, los platós o las tertulias, para gritar más y fabricar enemigos. Su oficio es señalar, y su método, deshumanizar. Hace falta lo contrario: la esperanza de que lo común sirva para cuidar de los ciudadanos.

Esa esperanza exige, sin embargo, mirar de frente lo público. Defenderlo con sinceridad obliga a nombrar sus fallos: direcciones sin criterio ni ideas, plazas convocadas sin análisis y con modelos obsoletos, algunos empleados a los que una mala dirección ha desacostumbrado a responder de su trabajo, servicios que se dejan deteriorar hasta acabar privatizados por la puerta de atrás… Quien de verdad lo defiende es el primero en exigirle. Y exigir empieza por formar, a quienes dirigen y a quienes trabajan: quien custodia un bien común necesita una preparación a la altura de esa responsabilidad, porque de ella depende también que el ciudadano pueda volver a confiar en desconocidos.

Y debajo de todo late un error más hondo: medir lo público con la vara de la rentabilidad. Con esa vara, lo primero que se sacrifica es lo que menos rinde en apariencia: la prudencia. No es una cuestión técnica: en la disputa entre lo público y su gestión privada se juega hoy buena parte del futuro de la democracia, porque lo que deja de ser de todos deja también de rendir cuentas ante todos. Un servicio público no es un negocio, sino una promesa de cuidado mutuo que la sociedad se hace a sí misma.

Lo que se debe a las víctimas no es un culpable a mano ni una indignación de una semana, sino una verdad completa y algo más difícil: una política adulta, que invierta en lo invisible y no convierta el dolor en arma, y un pueblo adulto, que asuma la parte de responsabilidad que prefiere delegar. Solo entonces quien suba a un tren podrá volver a firmar, sin leerlo, aquel contrato de confianza con desconocidos.