El campo toma el centro de Valladolid para exigir precios justos y defender la soberanía alimentaria

Agricultores, ganaderos y autónomos reclaman una PAC adaptada a la realidad del sector, menos costes de producción y controles más estrictos a las importaciones

El campo toma el centro de Valladolid para exigir precios justos y defender la soberanía alimentaria
Agricultores, ganaderos y trabajadores autónomos se han concentrado este sábado, 31 de octubre, en Valladolid para denunciar la situación que atraviesa el sector primario y reclamar medidas que garanticen su futuro.
El autor esMiguel Ángel  Fernández
Miguel Ángel Fernández
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Agricultores, ganaderos y trabajadores autónomos se han concentrado este sábado, 31 de octubre, en Valladolid para denunciar la situación que atraviesa el sector primario y reclamar medidas que garanticen su futuro. La movilización ha puesto el foco en la necesidad de conseguir precios justos, reducir los costes de producción y reformar la Política Agraria Común (PAC), además de alertar sobre el peligro de que España pierda capacidad para producir sus propios alimentos y dependa cada vez más de otros países.

La protesta, convocada también en distintos puntos de España y Europa, responde al aumento del precio de los insumos, la competencia de los productos importados y la carga administrativa que soportan los profesionales del campo. Así lo ha explicado el representante de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), Gonzalo Martínez, en declaraciones recogidas por Ical.

Martínez ha advertido de que la evolución de los costes y las dificultades para mantener la actividad pueden comprometer la capacidad de abastecimiento nacional. "Vamos a perder totalmente la soberanía alimentaria y vamos a depender de terceros países", ha alertado. Por ello, ha defendido que la producción de alimentos debe considerarse una prioridad estratégica, especialmente en un contexto internacional marcado por posibles conflictos y problemas en las cadenas de suministro.

El representante de Unaspi también ha cuestionado las condiciones en las que llegan determinados productos procedentes de fuera de la Unión Europea. Según ha denunciado, "algunas importaciones contienen sustancias cuyo uso está prohibido desde hace años en territorio comunitario". Una situación que, a su juicio, evidencia la "necesidad" de reforzar los controles en los puertos y garantizar que los productores nacionales compitan en igualdad de condiciones, al tiempo que se protege a los consumidores.

La organización reclama, además, una PAC que responda a las circunstancias actuales de las explotaciones y abandone los criterios históricos. "Estamos defendiendo una PAC que sea justa, una PAC que no sea de hace 30 años", ha señalado Martínez, que ha recordado que esta política europea nació para compensar los bajos precios agrarios y facilitar el acceso de la población a alimentos saludables y asequibles.

A estas demandas se suma el rechazo a lo que consideran un exceso de obligaciones medioambientales y burocráticas. Unaspi pide que las administraciones consulten a agricultores, ganaderos y pescadores antes de aprobar nuevas normas, ya que las características de cada explotación son diferentes y las decisiones tomadas desde los despachos no siempre se ajustan a las necesidades del trabajo diario. "Que nos dejen trabajar, fíjate lo que pedimos, que nos dejen trabajar hoy en día", ha resumido el representante.

Diez medidas para garantizar el futuro del sector

Las demandas de la movilización se recogen en un manifiesto conjunto que incluye diez propuestas dirigidas al Gobierno de España y a las instituciones europeas. Entre ellas figura la creación de un pacto de Estado que garantice la continuidad del sector primario, junto con una rebaja de los impuestos y de los costes de la energía, los carburantes, los fertilizantes y la alimentación animal.

El documento también reclama que los productos importados estén sujetos a condiciones equivalentes a las exigidas a los productores europeos y que la próxima PAC conserve su presupuesto, actualizado conforme al IPC. Otras medidas pasan por impulsar las inversiones hidráulicas y la modernización de los regadíos, apoyar la ganadería extensiva y proteger la actividad pesquera.

El relevo generacional, unas condiciones de jubilación dignas y mecanismos de respuesta ante situaciones extraordinarias, como sequías, enfermedades animales o plagas, completan el decálogo de reivindicaciones.

La convocatoria, que lleva alrededor de tres meses preparándose, se ha extendido por distintos países europeos, entre ellos Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Polonia y Portugal. En Valladolid, Unaspi optó por una concentración simbólica en la que participaron dos tractores, un camión y varios vehículos vinculados a la actividad ganadera, en lugar de organizar una gran tractorada. "Aquí no estamos para gastar gasoil, el gasoil está a un precio astronómico", ha explicado Martínez, que ha recordado que en anteriores movilizaciones llegaron a reunir miles de tractores en la ciudad.

Los autónomos reclaman el derecho al luto

La concentración contó también con el respaldo de la Plataforma 30N por la Dignidad de los Autónomos. Su representante, Nuria Díez, trasladó el apoyo del colectivo a los profesionales del campo y aprovechó la convocatoria para reivindicar el reconocimiento del derecho al luto para los trabajadores por cuenta propia.

Díez explicó que la plataforma había decidido dar prioridad a esta demanda, en un contexto marcado por las tragedias y los accidentes de tráfico a los que se hizo referencia durante la protesta. "El mayor derecho que tenemos es la vida y con la tragedia que hemos vivido no nos sentimos con mucha fuerza de pedir por nueve de los puntos, pero uno de ellos es el derecho al luto del autónomo", afirmó.

La representante denunció que estos trabajadores no cuentan con las mismas condiciones que otros empleados para afrontar la pérdida de un familiar y recordó que, en muchas ocasiones, los autónomos deben seguir atendiendo sus negocios incluso cuando atraviesan un periodo de duelo.

Los participantes concluyeron reclamando a las administraciones compromisos por escrito, presupuestos suficientes y calendarios concretos para poner en marcha las medidas propuestas. El objetivo, insistieron, es "garantizar que la agricultura, la ganadería y la pesca puedan seguir siendo actividades rentables y tengan asegurada su continuidad".

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