Aristóteles dejó escrita en la 'Política' una distinción incómoda: lo que separa la oligarquía de la democracia no es cuántos mandan, sino cuánto tienen. El sufragio universal pareció resolver el problema con aritmética: una persona, un voto. La aritmética sigue funcionando. Lo que ha cambiado es lo que se decide con ella.

Durante décadas, las urnas decidieron mucho. Europa aprendió en 1945 que la riqueza no puede desafiar impunemente al número, y de esa lección nació un pacto que reforzó los impuestos progresivos, la escuela pública o la sanidad universal. Hoy se deshace sin ruido.

El ruido no le hace falta a la oligarquía actual: le basta con decidir de qué se habla antes de que se vote. No necesita abolir las elecciones ni comprar votos; compra el marco en el que los votos se emiten.

Seis premios Nobel de Economía, en apoyo de un impuesto californiano a los milmillonarios, han descrito el mecanismo. La riqueza extrema se acumula casi sin tributar: entre 2019 y 2025, esas fortunas pagaron el 1,6% de lo que creció su patrimonio, por debajo de cualquier nómina. Se convierte después en poder político: los milmillonarios estadounidenses han pasado de aportar el 1% de las donaciones electorales al 19% en un cuarto de siglo. Y acaba adueñándose de la conversación: The Washington Post, The Wall Street Journal, TikTok o X son propiedad de milmillonarios o están bajo su control. Está en juego, concluyen, la batalla entre democracia y oligarquía.

La oligarquía da un paso más: posee infraestructuras de las que dependen los Estados. Según The Wall Street Journal, Elon Musk limitó las comunicaciones por satélite del ejército ucraniano, y Kiev aún espera una explicación. Palantir, la empresa de Peter Thiel, centralizará hasta 2035 los datos del ejército estadounidense. Son tecnorreaccionarios que desprecian el Estado mientras viven de él. Su entramado no se ve entero, pero existe: la opacidad es su método.

Mientras tanto, la factura se paga abajo. Cuando las grandes fortunas apenas tributan, lo común se recorta. Las protestas nacidas en institutos franceses sin profesores suficientes recorren media Europa. La violencia, venga de donde venga, no tiene justificación, pero reducirlas a un asunto policial sería un error: expresan una desconfianza profunda hacia el futuro.

También España lo vive, con una paradoja: su economía crece tres veces más que la media europea y, aun así, los jóvenes acampan en la Puerta del Sol porque no pueden pagar una vivienda. Pertenecen a lo que el sociólogo Vincent Tiberj llama la primera generación desde 1945 a la que se promete menos que a sus padres. La fecha no es casual: es la del pacto que se rompe. En Madrid, miles de docentes están en huelga indefinida, y la presidenta regional los llama «coro rociero» y «violentos». Cuando la protesta solo recibe desprecio, o porrazos, la frustración podría empujar a muchos hacia quien prometa romperlo todo.

Ese giro tiene quien lo aproveche. La extrema derecha ofrece culpables a la carta: el inmigrante, la feminista, el funcionario, el periodista. Rara vez el que más tiene. La rabia baja y deja intacto a quien está arriba. Ese discurso que dice combatir a las élites lo financian algunas de las mayores fortunas: Musk puso al menos 260 millones de dólares en apoyo de Trump. Y parte de la derecha tradicional se alía con esa extrema derecha sin medir lo que entrega. Ya ocurrió en los años treinta, cuando las élites conservadoras creyeron poder domesticar a quien venía a destruirlo todo.

Queda un último paso: fabricar también la calle. Las mismas plataformas que deciden de qué se habla sirven para convertir una protesta legítima en un motín. En Barcelona, una red anónima llamada Blocus citó por TikTok a cientos de jóvenes a replicar las protestas francesas, encapuchados y con pirotecnia, y Bruselas, París y Roma investigan si perfiles prorrusos, sionistas y de extrema derecha avivaron los disturbios. Si es así, el cálculo es sencillo: cada escaparate roto aparta la mirada de las aulas sin profesores y la dirige hacia quien promete mano dura.

Frente a ello, la respuesta democrática parece pequeña: un impuesto que se vota en California, una huelga de maestros, unas tiendas de campaña en Sol. Pero es imprescindible. Y no sería justo mirar solo arriba: también erosionaron el pacto gobiernos que no supieron defenderlo y ciudadanos cómodos que dieron por hecho lo que costó generaciones conquistar. Gravar la riqueza extrema, como se comprometió a hacer el G20 en 2024, no basta. Hay que separar el dinero de la conversación pública como un día se separó la Iglesia del Estado, y reconstruir aquel pacto: servicios públicos sólidos y salarios que permitan vivir del trabajo. La solidaridad no es un sentimiento amable; es la condición para que el voto de cada uno pese lo mismo.

Y hay que hacerlo también desde la escuela pública, donde se aprende a leer el marco antes de que otros lo dicten. En Finlandia, el maestro sigue siendo una autoridad moral. Insultar a quienes enseñan no es una ocurrencia: es desmontar el oficio del que depende todo lo demás.

Emilio Lledó, que cumple 99 años el 5 de noviembre y enseñó filosofía en un instituto de Valladolid, advirtió que de poco sirve la libertad de expresión sin libertad de pensamiento. La segunda se aprende, o se pierde, en el aula. Por eso no es una anécdota que esta ciudad aprobara una placa en su honor, con el voto en contra de Vox, que dirige la Concejalía de Educación y Cultura, y que siga sin colocarse ante el silencio del PP. Es el mismo desdén por quien enseña a pensar, a escala municipal.

Lledó, que ha dedicado su vida a los griegos, sabe que Aristóteles no conoció los algoritmos, pero sabía contar. Y sabía que, cuando unos pocos poseen lo que muchos necesitan, la democracia solo resiste si los muchos pueden seguir confiando en que su voto pesa más que la fortuna de los pocos. Esa confianza no se decreta: se gana.