La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia de Valladolid que se dedicaba a vender empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España. La operación, denominada Tarjeta, se ha saldado con 14 detenidos y ha permitido destapar una trama que cobraba por realizar inscripciones falsas en el padrón municipal para utilizarlas posteriormente en trámites de extranjería y otros procedimientos administrativos.

La investigación, desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), comenzó el pasado mes de abril tras la denuncia de un vecino de una localidad vallisoletana que descubrió que varias personas desconocidas figuraban empadronadas en su vivienda. Posteriormente, una mujer residente en Valladolid denunció una situación similar al comprobar que también había desconocidos inscritos en su domicilio.

Las pesquisas permitieron relacionar ambos casos al comprobar que detrás de los empadronamientos irregulares se encontraban los mismos responsables. A partir de ahí, los agentes descubrieron el funcionamiento de una organización que utilizaba documentación falsificada para registrar a personas en viviendas sin el consentimiento de sus legítimos propietarios.

Contratos de alquiler y firmas falsificadas

Según la investigación policial, los integrantes de la red recurrían a inmuebles pertenecientes a personas de su entorno para llevar a cabo el fraude. Para ello, obtenían copias de los documentos nacionales de identidad de los propietarios, aprovechando la confianza o mediante engaños.

Posteriormente, presentaban ante las oficinas del padrón municipal contratos de arrendamiento y autorizaciones de empadronamiento falsificados, con firmas que los titulares de las viviendas no reconocían como propias.

La organización también había ideado un mecanismo para sortear las posibles comprobaciones administrativas. En la documentación aportada incluían números de teléfono de los propios investigados en lugar de los de los propietarios. De esta manera, si los funcionarios municipales contactaban para verificar la solicitud, los miembros de la trama podían hacerse pasar por los titulares de los inmuebles y confirmar los empadronamientos.

Hasta 300 euros por cada inscripción

La Policía Nacional ha identificado a dos mujeres y un hombre como los principales responsables de la organización. Según las pesquisas, cobraban entre 100 y 300 euros por cada empadronamiento individual, unas cantidades que aumentaban cuando los trámites afectaban a familias completas.

Los ciudadanos extranjeros que recurrían a estos servicios abonaban las cantidades exigidas pese a ser conscientes de que las inscripciones generadas eran falsas, según la investigación policial. Estos registros podían utilizarse posteriormente para iniciar procedimientos relacionados con la obtención de autorizaciones de residencia en España.

El empadronamiento constituye uno de los principales medios para acreditar la residencia en un municipio y resulta relevante en distintos procedimientos administrativos, incluidos los relacionados con extranjería.

Tres presuntos cabecillas entre los detenidos

La operación se ha cerrado con 14 detenciones. Los tres presuntos cabecillas están acusados de delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal. Las otras once personas fueron arrestadas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental. Las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.