El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid una moción para reclamar al alcalde, Jesús Julio Carnero, que atienda las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales y refuerce la seguridad jurídica de las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno de PP y Vox.

La iniciativa incluye tres propuestas: prestar mayor atención a los informes y recomendaciones de los servicios jurídicos del Consistorio, suprimir el órgano de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como 'alcalde B', y recurrir a profesionales de Valladolid cuando sea necesario contratar asesoramiento jurídico externo especializado.

El PSOE fundamenta su petición en los distintos pronunciamientos judiciales contrarios a decisiones municipales durante el actual mandato. Entre ellos, cita las resoluciones sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la Ordenanza de Movilidad y la creación de la figura del 'alcalde B'.

También recuerda la sentencia que condenó a Carnero por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales al impedir la inclusión de dos mociones socialistas en el orden del día de un Pleno.

"Gobernar no es imponer; es escuchar"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha considerado que estos reveses judiciales deberían llevar al alcalde a modificar su forma de actuar y prestar mayor atención al asesoramiento de los funcionarios municipales.

"Aunque sólo faltan siete meses para las elecciones municipales, Carnero tendría que haber aprendido ya que gobernar no es imponer; es escuchar y respetar a los funcionarios responsables de los Servicios Jurídicos", ha señalado en un comunicado recogido por Ical.

Los socialistas sostienen que reforzar el asesoramiento jurídico previo permitiría evitar decisiones que posteriormente puedan ser cuestionadas ante los tribunales, así como reducir el riesgo de nuevos procedimientos judiciales.

Reclaman suprimir el 'alcalde B', con un coste de 156.762 euros anuales

Uno de los puntos centrales de la moción es la eliminación del órgano de Coordinación de Políticas Públicas, cuya creación, según recuerda el PSOE, ha sido declarada ilegal por la Justicia. La formación cuestiona tanto la utilidad de esta estructura como su coste económico, que cifra en 156.762 euros anuales.

A juicio de los socialistas, mantener esta figura no contribuye a mejorar la seguridad jurídica de las decisiones municipales, por lo que consideran necesaria su supresión.

Asesoramiento jurídico externo con profesionales de Valladolid

La tercera propuesta de la moción se centra en la contratación de servicios jurídicos externos. El PSOE plantea que, cuando resulte necesario acudir a profesionales especializados ajenos al Ayuntamiento, se contrate exclusivamente a profesionales de Valladolid.

Esta petición está relacionada con la decisión del alcalde de recurrir a un bufete de abogados de Madrid para su estrategia de oposición a la construcción de la nueva estación ferroviaria de Renfe. Los socialistas recuerdan que las obras de esta infraestructura, cuyo presupuesto asciende a 215 millones de euros, ya se encuentran en marcha.

"La propuesta del Grupo Municipal Socialista es clara: escuchar a los servicios jurídicos, corregir las decisiones cuestionadas y evitar que los mismos errores se repitan. Es una cuestión de responsabilidad y de respeto a Valladolid", ha concluido Pedro Herrero.