El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid asegura que el equipo de gobierno, formado por PP y Vox, mantiene 26 solicitudes de información sin responder en los diez primeros meses de 2026. El PSOE denuncia que algunas peticiones llevan meses pendientes y considera que estos retrasos dificultan las funciones de control y fiscalización de la oposición.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha criticado esta situación y ha recordado que el acceso a la información municipal es un derecho de los concejales reconocido por la legislación. "No facilitar la información solicitada reclamada por un concejal no es simplemente una mala práctica política; puede constituir una vulneración de un derecho de carácter fundamental", sostiene.

Las solicitudes presentadas por los socialistas abarcan diferentes áreas de la gestión municipal. Entre los asuntos sobre los que han pedido documentación figuran los expedientes de patrocinios del Ayuntamiento, la integración ferroviaria, los aparcamientos disuasorios, las actuaciones en la Rosaleda y el Campo Grande, así como cuestiones relacionadas con vivienda, terrazas, eventos culturales y contratos menores.

También se encuentran entre las materias consultadas el Plan de Innovación y Ciudad Inteligente, el Centro de la Cultura del Vino, la avenida Ramón Pradera, el aparcamiento de la plaza de la Solidaridad y la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para la piscina de Las Moreras.

El PSOE considera que la falta de respuesta a estas peticiones va más allá de una cuestión administrativa, ya que, a su juicio, puede limitar la capacidad de los grupos municipales para fiscalizar las decisiones del gobierno local. "El acceso de los concejales a la información del propio Ayuntamiento no es una concesión del alcalde, sino un derecho", ha señalado Herrero.

En este sentido, el grupo socialista invoca el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconoce a los miembros de las corporaciones locales el derecho a obtener los antecedentes, datos e informaciones municipales necesarios para ejercer sus funciones. También cita el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de participación política y al ejercicio del cargo representativo.

La formación recuerda, además, una resolución judicial que condenó al alcalde, Jesús Julio Carnero, por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales socialistas al impedir en dos ocasiones el debate de mociones relacionadas con el puesto conocido como "alcalde B", la Dirección de Coordinación de Políticas Públicas. El PSOE utiliza este precedente para advertir de la importancia de garantizar el acceso a la información y la participación de la oposición.

Por su parte, el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid establece el derecho de los concejales a consultar los expedientes, antecedentes, datos e informaciones que obren en las dependencias municipales y resulten necesarios para desarrollar su labor. Según la regulación citada por los socialistas, si no se dicta una resolución denegatoria en cinco días hábiles, el acceso a la información se entiende concedido; las denegaciones, además, deben estar motivadas y ajustarse a los supuestos previstos legalmente.

El PSOE sostiene que los retrasos pueden reducir la utilidad de la documentación cuando finalmente se entrega y reclama que se atiendan las solicitudes formuladas por los cauces reglamentarios. La denuncia difundida por el grupo municipal atribuye al equipo de gobierno una actuación reiterada que dificulta el control de la gestión municipal. La nota de prensa no incluye una respuesta del gobierno municipal a estas acusaciones.