La querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. La denuncia se centra en la instrucción que dictó en 2022 para aplicar la conocida como Ley de Nietos, que permitió conceder la nacionalidad española a descendientes de exiliados durante el franquismo.

Según publica El Mundo, la jueza Inmaculada Lova Ruiz considera que los hechos expuestos por la asociación podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación. La decisión abre la vía judicial a la querella, aunque todavía no implica que se haya determinado la existencia de delito ni que Sofía Puente haya sido citada como investigada.

La magistrada ha aplazado su decisión sobre las diligencias solicitadas por Hazte Oír, entre las que figuran la declaración de Puente en calidad de investigada y las comparecencias como testigos de los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Antes de pronunciarse sobre estas peticiones, la jueza ha requerido a la asociación el depósito de una fianza de 1.000 euros y debe resolver las alegaciones planteadas por la Fiscalía.

La instrucción que está en el centro de la polémica

La querella cuestiona una instrucción que Sofía Puente firmó en 2022, cuando ocupaba el cargo de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El documento establecía criterios para interpretar la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permitía acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles exiliados.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, las directrices indicaban a los consulados que podían aceptar documentación acreditativa de la salida de España de los familiares entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La controversia radica en si ese criterio permitía acreditar la condición de exiliado mediante la prueba de la salida del país, sin exigir documentación específica que demostrase el exilio.

La Fiscalía madrileña se había opuesto a la admisión de la querella al considerar que los hechos ya habían sido examinados y archivados por otro juzgado, un argumento que también habría sido planteado por la defensa de Puente.

El Tribunal Supremo examina la validez de la instrucción

La polémica se extiende también al Tribunal Supremo, donde se encuentra bajo examen la legalidad de la instrucción y su posible extralimitación respecto a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática. Entre las cuestiones que han generado controversia figura, además, el derecho de voto de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de este procedimiento.

El asunto ha adquirido relevancia política en las semanas previas a las elecciones generales del 29 de noviembre. PP y Vox han utilizado la controversia para cuestionar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y la aplicación de la normativa de nacionalidad.

La admisión a trámite de la querella supone un nuevo paso en la disputa judicial sobre la interpretación de la Ley de Nietos, aunque el procedimiento deberá avanzar para determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal.