La Federación de Boxeo de Castilla y León (FBoxCyL) ha presentado un recurso de queja ante el Tribunal Supremo después de que se inadmitiera su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que revocó la condena por presunta apropiación indebida impuesta a su expresidente, Pedro Retuerto Marqués. La entidad ha anunciado esta decisión tras mostrar su desacuerdo con la resolución judicial dictada el pasado 18 de septiembre, que consideró insuficientes las pruebas documentales aportadas para mantener la condena penal.

La Junta Directiva de la Federación cuestiona especialmente que la ausencia de una auditoría haya resultado determinante en la valoración de las pruebas. Según sostiene, la falta de documentación contable correspondiente a los años de gestión de Retuerto impidió realizar dicha auditoría, pese a las numerosas solicitudes formuladas tanto por los clubes federados como por la actual Presidencia para acceder a las cuentas de la entidad.

En este sentido, la Federación asegura que el expresidente nunca facilitó los documentos contables requeridos, a pesar de que los clubes tienen reconocido estatutariamente el derecho a conocer las cuentas federativas. La entidad considera que esta situación de falta de transparencia ha terminado beneficiando al antiguo dirigente, pese a que, según defiende, la documentación económica presentada durante el procedimiento respaldaba los hechos denunciados y permitió que el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid dictara inicialmente una sentencia condenatoria.

Asimismo, la FBoxCyL señala que durante la etapa de Pedro Retuerto al frente de la Federación se generaron pérdidas superiores a los 100.000 euros, una situación que, según la entidad, el expresidente negó durante años. La Federación mantiene que estas circunstancias justifican continuar con las actuaciones judiciales. Por esa razón, la Junta Directiva insiste en que su intención es agotar todas las vías legales disponibles para defender los intereses de la entidad y de sus integrantes.

"Es su deber agotar todas las vías del Estado de Derecho para defender el patrimonio, el honor y los intereses de nuestros clubes, técnicos y deportistas federados", sostiene la Federación, que confía en que el Supremo examine su recurso, aunque no haya admitido el de casación.