El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido ante la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ninguna mujer víctima de violencia de género que necesite una solución habitacional quedará desatendida por el Ayuntamiento. El regidor ha rechazado además que el protocolo de acceso a las viviendas municipales en alquiler de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) suponga un debilitamiento de la protección específica de estas mujeres.

Carnero ha respondido así a la carta remitida por Redondo el pasado 3 de septiembre, en la que la ministra reclamaba la revisión del protocolo aprobado por VIVA el 28 de mayo. El documento sustituyó la referencia concreta a las mujeres víctimas de violencia de género por una categoría más amplia que incluye a víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar, un cambio que Igualdad considera que podría reducir la protección específica de las víctimas de violencia machista.

En su contestación, recogida por Ical, Carnero asegura que el Ayuntamiento y VIVA mantienen un "firme compromiso" con la protección y el acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género y garantiza que contarán con los recursos necesarios para acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida "con independencia y seguridad". "Así ha sido hasta ahora y así lo será en el futuro, mientras yo sea alcalde de Valladolid", afirma el regidor.

Carnero defiende el protocolo municipal

El alcalde considera "sorprendente" la preocupación expresada por la ministra y le invita a analizar el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, que, según señala, contempla expresamente la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y recoge medidas destinadas a facilitar su acceso a una vivienda y garantizar su protección.

Carnero sostiene que la vivienda es una herramienta fundamental para que una mujer pueda abandonar una situación de violencia, recuperar su autonomía y comenzar una nueva vida. En este sentido, rechaza que la utilización de una categoría más amplia en el protocolo implique eliminar o reducir la protección específica de las víctimas de violencia de género.

"Una cosa es la redacción concreta de una categoría dentro de un protocolo y otra muy distinta es la protección efectiva que el conjunto de las políticas municipales de vivienda ofrece a estas mujeres", argumenta.

Según el alcalde, esa protección "no solo existe sino que se amplía", al tiempo que se han reducido "ostensiblemente" los plazos para la asignación de viviendas.

Asimismo, destaca que el sistema municipal cuenta con mecanismos de actuación y medidas de urgencia para aquellos casos en los que las circunstancias requieran una respuesta inmediata. El objetivo, explica, es evitar que ninguna persona en situación de especial vulnerabilidad quede sin atender por cuestiones de procedimiento o por tener que esperar a una convocatoria ordinaria.

Por ello, Carnero traslada a Redondo "con toda claridad" que "ninguna mujer víctima de violencia de género que necesite una solución habitacional va a quedar desatendida por el Ayuntamiento de Valladolid".

Reclama recuperar la financiación de 2022

Junto a la defensa del protocolo, el alcalde aprovecha su respuesta a la ministra para reclamar al Gobierno de España un incremento de la financiación destinada al Ayuntamiento de Valladolid para combatir la violencia de género.

Carnero asegura que los fondos recibidos por el Consistorio se han reducido en los últimos años y reclama al Ministerio de Igualdad que revise al alza esta financiación para que, como mínimo, se recuperen los niveles alcanzados en 2022.

El regidor defiende que las administraciones locales son "una pieza esencial" en la respuesta institucional frente a la violencia de género, debido a su proximidad a las víctimas y a su papel en la detección de situaciones de vulnerabilidad y en la prestación de recursos sociales, de prevención y acompañamiento.

"Nuestro objetivo no es mantener las políticas existentes, sino mejorarlas, ampliar su alcance y dotarlas de mayores recursos", señala Carnero, que considera necesario para ello contar con un respaldo económico suficiente y estable del Gobierno central a través del Pacto de Estado.

El alcalde insiste en que todas las administraciones tienen la obligación de aplicar "plenamente" el marco legal de protección de las víctimas y defiende que esta protección debe ser "real y efectiva".

Carnero concluye su escrito mostrando su disposición a "seguir luchando contra la violencia de género", aunque subraya que se trata de una "responsabilidad compartida" que requiere coordinación, recursos y una financiación suficiente y sostenida en el tiempo.