La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha exigido explicaciones al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por la retirada del histórico cerramiento de la estación Valladolid-Campo Grande y ha reclamado "respeto al patrimonio de la ciudad" durante las obras de remodelación del complejo ferroviario.

El departamento dirigido por José Alberto Díaz Pico lamenta la desaparición de un elemento que durante más de un siglo estuvo vinculado a la imagen de la estación y asegura comprender la preocupación expresada por numerosos vallisoletanos ante una actuación que considera irreversible.

La Junta reclama conocer "con rigor quién ha proyectado, autorizado y ejecutado esta actuación" y considera imprescindible evitar que se atribuyan responsabilidades a una Administración que, según defiende, no ha participado en ninguna de esas decisiones. El cerramiento, no obstante, no estaba declarado Bien de Interés Cultural (BIC), no se encontraba inventariado ni figuraba individualmente protegido en el catálogo del PGOU de Valladolid, según reconoce la propia Consejería.

Adif decidió eliminar el cerramiento

Cultura sitúa la decisión en las obras de remodelación de Valladolid-Campo Grande promovidas y ejecutadas por Adif Alta Velocidad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según la Junta, fue Adif quien incorporó al proyecto una nueva plaza abierta que prescindía del cerramiento histórico y quien finalmente ejecutó materialmente su retirada.

Frente a ello, la Consejería recalca que la Junta "no proyectó el derribo, no lo autorizó y no lo ejecutó". Su intervención, explica, se limita a las competencias que legalmente tiene atribuidas en materia de tutela arqueológica. En este ámbito, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural está realizando el seguimiento de las obras. El pasado 11 de agosto recibió de conformidad el informe parcial de control y documentación arqueológica presentado por Adif, aunque dejó expresamente establecido que los trabajos continúan sometidos a supervisión y que deberá presentarse la correspondiente memoria final.

Para la Junta, es ahora el Gobierno de España, a través de Adif como promotor de unas obras que superan los 200 millones de euros, quien debe explicar por qué optó por un diseño que suponía la desaparición del cerramiento y por qué no contempló alternativas como su conservación, integración o reutilización dentro de la nueva plaza. Una intervención de esta magnitud en un entorno histórico, sostiene la Consejería, "exige algo más que el estricto cumplimiento administrativo" y debe tener en cuenta la historia de la ciudad y los elementos que durante generaciones han formado parte de su paisaje urbano.

Críticas al modelo ferroviario del Ministerio

La Junta vincula además la retirada del cerramiento con el modelo ferroviario impulsado por el Ministerio de Transportes en Valladolid tras la renuncia al proyecto de soterramiento de las vías. Según el Ejecutivo autonómico, el Gobierno decidió sustituir el soterramiento por un modelo de integración ferroviaria que está transformando profundamente el entorno de Campo Grande.

En este contexto, la Consejería considera que una actuación de semejante envergadura obliga a "medir cada decisión" y valorar su impacto urbano, histórico y patrimonial. El departamento acusa al Ministerio de no poder "transformar Valladolid a golpe de proyecto y presentar después cada una de sus consecuencias como decisiones meramente técnicas".

A su juicio, la desaparición del cerramiento constituye "una seria advertencia" de lo que puede ocurrir cuando la ejecución de una gran infraestructura prima sobre una visión integral del entorno en el que se interviene.

La Junta pedirá a Adif toda la documentación

La Consejería solicitará formalmente a Adif explicaciones y toda la documentación relacionada con la actuación, incluida la parte del proyecto relativa al cerramiento, la información gráfica existente antes de su retirada y el destino de los elementos pétreos que puedan ser conservables, especialmente los pilares y remates históricos.

Asimismo, pedirá que estos elementos sean conservados con el objetivo de estudiar su posible recuperación e integración en la futura ordenación del entorno de Campo Grande. La Junta también recabará del Ayuntamiento de Valladolid la documentación correspondiente a las autorizaciones emitidas dentro de sus competencias. El objetivo, precisa, será disponer de toda la información y comprobar que se han cumplido correctamente los procedimientos establecidos en la legislación de patrimonio cultural.

"No puede sancionarse una actuación por el mero hecho de que genere rechazo"

La Consejería también ha querido marcar distancias con la posibilidad de abrir de inmediato un expediente sancionador por la retirada del cerramiento. "La defensa del patrimonio debe hacerse desde la ley y no desde la utilización política de la ley", sostiene el departamento, que recuerda que la potestad sancionadora exige la existencia de una infracción legalmente tipificada.

Con la información disponible hasta el momento, añade, "no existe fundamento jurídico para afirmar que se haya producido una infracción sancionable". No obstante, advierte de que, si el análisis de la documentación solicitada revela alguna irregularidad, la Junta actuará "con toda la contundencia que permita la legislación vigente". La Consejería insiste además en que su responsabilidad no termina con determinar qué ha sucedido, sino que pretende evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Para ello, reforzará el seguimiento patrimonial de las próximas fases de las obras de la nueva estación Valladolid-Campo Grande, especialmente aquellas que puedan afectar al edificio histórico y su entorno, y estudiará de oficio la protección de los elementos más relevantes del patrimonio ferroviario de la estación. También plantea crear mecanismos específicos de seguimiento y coordinación sobre el Conjunto Histórico y el patrimonio ferroviario e industrial de Valladolid.