La contestación social al proyecto de construcción de una planta de biometano en Pedrajas de San Esteban continúa creciendo. La Asociación Pedrajas Viva, junto a vecinos de Íscar, Alcazarén y Megeces, ha reafirmado su rechazo a la instalación y asegura que mantendrá las movilizaciones mientras siga adelante la tramitación administrativa de la iniciativa.

La entidad, que ha colaborado con el Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban y con la Asociación Comarcal de Pueblos en Oposición a la Planta (ACOPE) en la elaboración y presentación de alegaciones, sostiene que el movimiento vecinal sigue "más unido que nunca" en defensa del territorio y del entorno rural.

Durante el periodo de información pública del proyecto se registraron más de 700 alegaciones, en las que particulares, colectivos y administraciones expusieron objeciones de carácter técnico, urbanístico y medioambiental. Para los impulsores de la protesta, este elevado número de escritos refleja el amplio rechazo social que ha despertado la propuesta en la comarca.

Lejos de dar por concluida la movilización, la asociación explica que continúa desarrollando acciones de sensibilización y difusión. En las últimas semanas, balcones, fachadas de viviendas y establecimientos comerciales de varios municipios han vuelto a exhibir pancartas y carteles con mensajes contrarios a la planta, una imagen que, según los organizadores, evidencia el respaldo ciudadano a la causa.

Desde Pedrajas Viva insisten en que su posición "no responde a un rechazo de las energías renovables, sino al modelo de implantación planteado para este proyecto". El colectivo considera que una instalación de estas dimensiones "podría tener repercusiones sobre la calidad de vida de los vecinos, el medio ambiente y el desarrollo de la comarca", por lo que reclama una evaluación "exhaustiva" de sus posibles impactos antes de adoptar cualquier decisión.

La asociación también hace un llamamiento a las administraciones competentes para que tengan en cuenta las alegaciones presentadas y el posicionamiento de los municipios afectados durante la tramitación del expediente. Mientras tanto, los colectivos vecinales anuncian que seguirán recurriendo a las vías administrativas y de participación pública para intentar paralizar un proyecto que consideran incompatible con el modelo de desarrollo que defienden para la zona.