El Ayuntamiento de Valladolid, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia han firmado un convenio de colaboración para reforzar la información y el asesoramiento en materia de vivienda, prevenir la ocupación ilegal y fomentar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento.

El acuerdo, suscrito por el alcalde, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Pablo Ferreras Souto; y su director, Óscar Rodríguez, busca estrechar la colaboración entre las tres entidades para ofrecer un servicio más especializado y cercano tanto a propietarios como a arrendadores e inquilinos.

Uno de los principales ejes del convenio será la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento especializado, prestado a través de la oficina de información de la Cámara de la Propiedad Urbana, destinado a personas afectadas por ocupaciones ilegales o que necesiten orientación sobre contratos de alquiler, depósito de fianzas o cualquier cuestión relacionada con la normativa vigente.

Este servicio facilitará información sobre los recursos disponibles, orientará sobre los procedimientos existentes y tratará de prevenir conflictos mediante una atención personalizada. Además, las tres instituciones elaborarán guías prácticas, materiales divulgativos y campañas informativas para acercar la normativa a la ciudadanía y mejorar el conocimiento de los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de inquilinos.

El convenio también contempla actuaciones conjuntas de formación, divulgación y análisis del mercado de la vivienda. En este ámbito, la Cámara de la Propiedad Urbana aportará información estadística anonimizada para contribuir al trabajo del Observatorio Municipal de Vivienda, mientras que el Ayuntamiento y VIVA pondrán sus recursos técnicos y de comunicación al servicio del proyecto para facilitar la difusión de las iniciativas previstas.

Durante la firma, el alcalde, Jesús Julio Carnero, destacó que el acuerdo "refuerza la estrategia municipal de colaboración con entidades especializadas para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y avanzar en una política de vivienda basada en la prevención, la seguridad jurídica y el acompañamiento a propietarios e inquilinos". Asimismo, subrayó que "la información y el asesoramiento constituyen herramientas fundamentales para prevenir conflictos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales".

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y contará con una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento, VIVA y la Cámara de la Propiedad Urbana, encargada de supervisar su desarrollo y evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.