La Guardia Civil investiga a un menor de 17 años y a un hombre de 32 como presuntos autores de dos delitos de estafa cometidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ambos habrían utilizado de forma fraudulenta tarjetas de crédito y débito para realizar compras y cargos no autorizados en plataformas de juego online, restaurantes y establecimientos de moda.

La investigación se inició entre los meses de noviembre y diciembre de 2025, después de que las víctimas presentaran denuncias telemáticas a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, utilizando los sistemas oficiales de identificación, como Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.

Según las pesquisas, el fraude se desarrolló en dos fases. Los autores emplearon técnicas avanzadas para sortear los protocolos de seguridad de las entidades financieras. En uno de los casos, el sistema de alertas del banco detectó un cargo sospechoso y envió un mensaje SMS al titular de la tarjeta, que consiguió anular esa primera operación. Sin embargo, posteriormente los investigados volvieron a intentarlo y lograron eludir los mecanismos de autenticación reforzada, efectuando varios cargos fraudulentos que sí llegaron a materializarse.

Para esclarecer los hechos, la Guardia Civil centró inicialmente la investigación en rastrear la trazabilidad de las compras realizadas con las tarjetas. El análisis de la documentación facilitada por los establecimientos afectados permitió situar el origen de las operaciones en varias localidades de la provincia de Madrid. Posteriormente, el estudio técnico de las direcciones IP utilizadas para efectuar las compras y el análisis de los correos electrónicos empleados durante las operaciones, realizados con el correspondiente auxilio judicial, permitieron identificar a los dos presuntos responsables.

Una vez localizados, los agentes procedieron a su investigación formal. En el caso del menor de edad, todas las diligencias se practicaron en presencia de su tutor legal. Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente y, en el caso del menor, también a la Fiscalía de Menores.