Un Valladolid de crímenes: la libertad condicional que terminó en un segundo asesinato

Ramón Mazariegos, condenado en 1993 por el crimen de una trabajadora de la hamburguesería Cuchus, volvió a matar apenas ocho meses después de salir de prisión

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Un Valladolid de crímenes: la libertad condicional que terminó en un segundo asesinato
El autor esMiguel Ángel  Fernández
Miguel Ángel Fernández
Lectura estimada: 3 min.

La madrugada del 16 de enero de 2005, un crimen cometido en un pinar de Puente Duero volvió a colocar a Valladolid en el foco de la actualidad nacional. La víctima era José Antonio S.L., un vecino de Santovenia de Pisuerga de 33 años. El autor, Ramón Mazariegos Pelillo, no era un desconocido para la Justicia: doce años antes había sido condenado por el asesinato de Lidia Rabanillo, la trabajadora de limpieza de la hamburguesería Cuchus, en uno de los crímenes más recordados de la ciudad.

Su detención confirmó un hecho inédito hasta entonces en la historia judicial vallisoletana: se había convertido en el primer asesino reincidente de la provincia tras haber obtenido la libertad condicional.

Del crimen del Cuchus a la libertad condicional

El nombre de Ramón Mazariegos ya era conocido desde el verano de 1992. Entonces, pocos días después de haber sido despedido de la hamburguesería Cuchus, situada en la plaza de San Juan, accedió de madrugada al establecimiento para robar.

Allí fue sorprendido por Lidia Rabanillo, de 64 años, encargada de la limpieza del local. Para evitar ser descubierto la atacó con extrema violencia, asestándole una veintena de puñaladas. Posteriormente fue detenido, juzgado y condenado a 28 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento.

Sin embargo, en mayo de 2004 obtuvo la libertad condicional tras cumplir poco más de once años de condena. Los informes penitenciarios consideraron entonces que estaba preparado para la reinserción social. Aquella decisión sería duramente cuestionada meses después.

Ocho meses después volvió a matar

La libertad duró apenas ocho meses. Según quedó acreditado durante el juicio, Mazariegos contactó con José Antonio S.L. a través de una red de contactos personales y ambos quedaron para mantener un encuentro. El condenado condujo a la víctima hasta una zona aislada de los pinares de Puente Duero, donde la atacó con un cuchillo con el objetivo de robarle la cartera y obtener el número secreto de su tarjeta bancaria.

La investigación concluyó que el agresor no solo apuñaló a la víctima, sino que la golpeó repetidamente para obligarla a facilitar el código PIN de la tarjeta. Después abandonó el cadáver e intentó retirar dinero en varios cajeros automáticos de Valladolid. No consiguió llevarse ni un euro. La cuenta bancaria carecía de fondos suficientes.

La investigación policial

Las pesquisas de la Policía Nacional permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima y seguir el rastro de las operaciones realizadas con su tarjeta bancaria.

Las imágenes de los cajeros, los restos biológicos hallados junto al cadáver y diversas pruebas periciales fueron determinantes para incriminar a Ramón Mazariegos. Especial relevancia tuvo el análisis de ADN de unas manchas de sangre localizadas en un trapo abandonado cerca del lugar del crimen, que coincidían con el perfil genético del acusado.

Una condena agravada por reincidencia

La Audiencia Provincial de Valladolid dictó sentencia en 2007. El tribunal condenó a Ramón Mazariegos a 29 años y tres meses de prisión por asesinato y robo con violencia, aplicando la agravante de reincidencia, además de imponerle la prohibición de residir o acercarse a Valladolid durante décadas una vez cumplida la pena y el pago de una indemnización a la familia de la víctima.

Con la suma de ambas condenas, el interno acumuló más de 57 años de prisión.

Un caso que abrió un debate nacional

El segundo asesinato provocó una fuerte polémica sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y la concesión de la libertad condicional.

La familia de José Antonio reclamó responsabilidades al considerar que el crimen podría haberse evitado si el condenado hubiera permanecido en prisión. Años después, la Audiencia Nacional estimó parcialmente esa reclamación y condenó al Ministerio del Interior a indemnizar a los familiares con 100.000 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración, al entender que existieron deficiencias en el seguimiento del recluso durante su proceso de reinserción.

Un nombre ligado para siempre a la crónica negra vallisoletana

Con el paso del tiempo, el caso de Ramón Mazariegos se ha convertido en uno de los episodios más relevantes de la historia criminal de Valladolid. No solo por la brutalidad de los dos asesinatos, sino porque supuso el único caso conocido en la provincia de un condenado por homicidio que volvió a matar tras beneficiarse de la libertad condicional.

Más de tres décadas después del crimen del Cuchus y dos décadas después del asesinato de Puente Duero, ambos sucesos siguen siendo recordados como dos de los capítulos más trágicos de la crónica negra vallisoletana y como un caso que influyó en el debate sobre la valoración del riesgo de reincidencia y los criterios para conceder beneficios penitenciarios en España.

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