La gestión de la seguridad en las piscinas municipales de verano de Valladolid ha centrado el debate político este martes tras la celebración de un consejo rector extraordinario de la Fundación Municipal de Deportes (FMD). Los partidos de la oposición han coincidido en señalar una "falta de previsión" del equipo de Gobierno (PP-Vox), mientras que la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, defiende que se ha actuado con diligencia ante imprevistos ajenos a la administración.

Las críticas de la oposición: "Improvisación y mala planificación"

Desde el Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Hernández ha calificado de "insuficiente" la solución adoptada para garantizar la convivencia en los recintos. Según el PSOE, el hecho de que el contrato de seguridad haya quedado desierto por segundo año ha obligado a recurrir a un contrato de urgencia de control de accesos 17 días después de la apertura.

"Es evidente que ha habido una mala planificación del equipo de gobierno PP-Vox porque, por segundo año consecutivo, ha quedado desierto el contrato de seguridad", ha explicado Hernández, añadiendo que esta medida es "insuficiente para garantizar la convivencia y la seguridad en las piscinas municipales de verano". El PSOE propone, además de aumentar el personal, una mayor presencia de la Policía Municipal en las instalaciones.

En la misma línea se ha pronunciado Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), quien considera que el Ayuntamiento está "improvisando" ante un problema recurrente. Para Anguita, la situación evidencia una gestión "tarde, mal y sin planificación".

"Si ya sabíamos que el contrato de vigilancia no estaba funcionando, lo lógico era planificar con tiempo un contrato de control de accesos con el personal suficiente", ha afirmado la portavoz de VTLP, subrayando que se ofrece una "solución provisional para un servicio que debería estar perfectamente planificado".

La respuesta del equipo de Gobierno: "Hemos hecho los deberes"

Ante estas acusaciones, la concejala Mayte Martínez ha comparecido para aclarar que el Ayuntamiento licitó el contrato "en tiempo y forma" y que el problema surgió por causas externas a la FMD. Según Martínez, se presentaron dos empresas: la primera no cumplía los requisitos de seguridad y la segunda renunció al contrato apenas dos días antes de empezar, lo que conllevó una penalización de 3.700 euros.

"El Ayuntamiento ha hecho los deberes licitando el contrato en tiempo y forma", ha aseverado la concejala. Martínez ha acusado al Grupo Socialista de querer "hacer ruido y generar alarma entre los ciudadanos" sin motivo alguno, ya que, según sostiene, las piscinas están funcionando con normalidad.

"Lo que tratamos es de dar soluciones ante un imprevisto surgido y proporcionar un servicio que de seguridad a nuestros usuarios", ha defendido Martínez, destacando que el modelo de control de accesos ya dio "buenos resultados" el año pasado.

Detalles del nuevo contrato de control de accesos

Para paliar la falta de vigilantes de seguridad jurados, la FMD ha aprobado un expediente para el 'Servicio de control de accesos' con un presupuesto de 38.557 euros. Este contrato, vigente desde el 19 de julio hasta el 3 de septiembre, contempla la contratación de cinco controladores en horario de 15:00 a 21:00 horas: dos para la piscina de Canterac y uno para cada uno de los recintos de Juan de Austria, Rondilla y Riosol.

A pesar de esta medida, la propia memoria de la FMD reconoce que es necesario "adecuar el precio del contrato a las condiciones reales del mercado" para evitar que futuras licitaciones queden desiertas, un punto que la oposición utiliza para reforzar su tesis de falta de adecuación a la realidad del servicio.