Dos mujeres que han declarado como testigos protegidos en la Audiencia Provincial de Valladolid han asegurado que fueron engañadas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo y obligadas posteriormente a ejercer la prostitución en España, en el marco del juicio contra cuatro personas acusadas de trata de seres humanos. La vista oral, que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid, aborda hechos ocurridos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023. Los encausados se enfrentan a penas que alcanzan hasta los 27 años de prisión en el caso de la principal acusada.

Una de las víctimas, procedente de Colombia, ha relatado que contactó con una de las acusadas con la intención de trabajar como webcamer debido a dificultades económicas familiares. Sin embargo, a su llegada a España descubrió que debía prostituirse para saldar una deuda de 6.500 euros derivada del viaje, mientras su pasaporte era retenido.

Según su testimonio, fue trasladada desde Madrid a Valladolid, donde permaneció bajo control en un piso en el que debía estar disponible las 24 horas del día, con apenas cinco horas de descanso. La mujer ha explicado que necesitaba permiso incluso para realizar actividades básicas como cocinar o asearse.

Posteriormente, fue desplazada a otras ciudades como Santander y Avilés, donde continuó en condiciones similares. Durante este tiempo, su situación de salud empeoró y llegó a sufrir una agresión por parte de un cliente. La víctima ha asegurado que la deuda aumentaba constantemente debido a los gastos que le imponían, como la publicidad o el alquiler de las habitaciones, lo que la convertía en "infinita". La segunda testigo, que ha declarado por videoconferencia desde Alemania, ha explicado que viajó desde Venezuela tras ser captada por una supuesta agencia de modelos. Tras superar un casting, recibió indicaciones para viajar a España, donde fue informada de que debía saldar una deuda de 5.500 euros manteniendo relaciones sexuales con hombres.

Esta mujer ha relatado que fue trasladada entre distintas ciudades, entre ellas Torrelavega y Gijón, en viviendas controladas por la principal acusada. Ha reconocido que no intentó huir por miedo a posibles represalias contra su familia. Finalmente, acudió a denunciar tras ser informada de su condición de víctima al acudir a dependencias policiales por otro motivo. Ambas testigos han identificado a la principal acusada, aunque no han podido reconocer al resto de procesados.

De forma provisional, la Fiscalía solicita para la principal encausada, identificada como K.J.O.B., un total de 27 años de prisión por delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal. Para otro de los acusados pide 18 años de cárcel, mientras que para los otros dos solicita nueve años de prisión para cada uno.

El juicio continuará este miércoles con la declaración de los acusados.