La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dictado la sentencia número 573/2026, en la que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Laguna de Duero. El fallo confirma la nulidad de pleno derecho de las adecuaciones retributivas aprobadas por el Pleno municipal el 7 de octubre de 2024.

La postura del Grupo Municipal Socialista

Desde el PSOE de Laguna de Duero se ha calificado la resolución judicial como un "durísimo varapalo" a la gestión económica del actual equipo de gobierno. Según el comunicado socialista, el tribunal ratifica que el consistorio utilizó las políticas de igualdad de género de forma "espuria" y como un "paraguas" para encubrir un incremento salarial que vulneraba los límites de gasto estatal.

La formación de la oposición destaca que el texto judicial tacha la maniobra de "grosería" presupuestaria y de "evidente fraude de ley", señalando que se realizó con una "falsa declaración de excepcionalidad". Asimismo, el PSOE denuncia que el gobierno municipal ha intentado ocultar la sentencia a los vecinos y al resto de grupos políticos, manteniendo el documento "en un cajón". Por este motivo, y ante lo que consideran una desobediencia a las medidas cautelares previas, el Grupo Socialista ha anunciado su decisión de acudir a la vía penal. Entre sus exigencias se encuentran la comparecencia inmediata del Alcalde y la entrega de la copia oficial del fallo a toda la corporación.

La respuesta del Ayuntamiento de Laguna de Duero

Por su parte, el equipo de gobierno ha emitido un comunicado oficial para aclarar los hechos tras la difusión de la nota de prensa socialista. El Ayuntamiento confirma que tuvo conocimiento de la sentencia el pasado 9 de junio de 2026 a través de su letrado, incorporándola ese mismo día al expediente electrónico municipal.

Desde el consistorio han mostrado su sorpresa ante el acceso del PSOE a dicha información, subrayando que los grupos políticos no tienen acceso directo al expediente electrónico y que no se había recibido ninguna solicitud formal para consultarlo. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para valorar la existencia de una posible brecha de seguridad interna.

En cuanto al fondo del asunto, el equipo de gobierno ha pedido prudencia, recordando que la sentencia no es firme y que existe un plazo de treinta días hábiles para interponer un recurso de casación. Finalmente, han reafirmado su intención de seguir trabajando por la equiparación salarial de los empleados públicos, a pesar de lo que definen como "trabas" interpuestas por el Grupo Socialista.