La Audiencia Provincial de Valladolid juzgará a partir del próximo 15 de junio a los cuatro presuntos integrantes de una organización criminal acusada de captar mujeres jóvenes en Colombia y Venezuela para explotarlas sexualmente en distintos puntos de España, entre ellos Valladolid. La Fiscalía solicita para los procesados penas que suman un total de 63 años de prisión.

La principal acusada, Kelly Johanna O.B., de nacionalidad colombiana, se enfrenta a una petición de 27 años de cárcel. Para su hijo, Luis Ángel S.O., y la pareja de este, Janner David M.A., el Ministerio Público reclama nueve años de prisión para cada uno, mientras que para Esneider D.A. solicita una condena de 18 años.

Los cuatro están acusados, en distinto grado de participación, de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Además, la Fiscalía solicita que cada una de las tres víctimas, que comparecerán en el juicio como testigos protegidos, sea indemnizada con 80.000 euros por los daños morales sufridos.

Según el escrito de acusación, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 la organización se dedicó a captar mujeres en zonas económicamente deprimidas de Venezuela y Colombia. Una vez en España, las víctimas descubrían que debían ejercer la prostitución para saldar una supuesta deuda que oscilaba entre los 5.500 y los 6.500 euros.

El Ministerio Público sostiene que las mujeres eran trasladadas a viviendas alquiladas por la organización en distintas ciudades españolas, donde se les retiraba la documentación y se les imponían condiciones económicas especialmente gravosas. Hasta liquidar la deuda, la totalidad de los ingresos obtenidos por los servicios sexuales quedaba en manos de la principal acusada.

A ello se sumaban otros gastos que debían asumir las víctimas, como el coste de los anuncios publicados en internet, el alojamiento y la manutención. La acusación también recoge que las mujeres eran sometidas a amenazas constantes y que se les hacía creer que podrían sufrir represalias ellas o sus familias si intentaban abandonar la organización o incumplían las órdenes recibidas.

Asimismo, la Fiscalía denuncia las duras condiciones a las que eran sometidas, ya que debían permanecer disponibles las 24 horas del día para atender clientes y, según el relato acusatorio, en ocasiones ni siquiera podían interrumpir la actividad para asearse entre servicios o durante sus periodos de menstruación.

El juicio se celebrará entre los días 15 y 17 de junio en la Audiencia Provincial de Valladolid.