Alrededor de 300 personas, según fuentes policiales, participaron este sábado, 6 de junio, en una manifestación celebrada en Valladolid para reivindicar el derecho a una vivienda asequible y reclamar medidas que faciliten el acceso a la compra y al alquiler, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades.

La movilización, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, recorrió las calles de la capital vallisoletana con el objetivo de visibilizar una problemática que, según las organizaciones convocantes, afecta "de manera creciente" a trabajadores, familias y jóvenes.

Durante el acto, los representantes sindicales defendieron la "necesidad" de impulsar políticas públicas que permitan garantizar el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad y evitar que el incremento de los precios continúe alejando esta posibilidad de una parte importante de la población.

La secretaria general de CCOO de Castilla y León, Ana Fernández, señaló que la situación actual exige "una respuesta institucional más contundente" y advirtió de que las movilizaciones continuarán "mientras no se adopten medidas eficaces para afrontar el problema". Según explicó, el aumento del coste de la vivienda y de los alquileres contrasta con unos salarios que dificultan la emancipación y el acceso a una residencia estable.

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, defendió que la vivienda "debe ser considerada un derecho fundamental" y pidió a la Junta que utilice las herramientas a su alcance para intervenir en un mercado que, a su juicio, "presenta desequilibrios cada vez mayores".

Los sindicatos también reclamaron la aplicación de medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda pública, regular los precios en determinadas zonas con fuerte presión inmobiliaria y combatir prácticas especulativas que dificultan el acceso a una vivienda digna.

Entre las propuestas planteadas durante la protesta figuran la ampliación del parque público residencial, el impulso de políticas de alquiler asequible y la adopción de mecanismos que permitan proteger a los colectivos más vulnerables frente al encarecimiento del mercado inmobiliario.

La movilización concluyó con la lectura de varias reivindicaciones y con el compromiso de las organizaciones convocantes de mantener la presión social para situar el acceso a la vivienda entre las principales prioridades de la agenda política autonómica.