El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta en las Cortes de Castilla y León dirigida a la Junta tras las declaraciones realizadas por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante el Pleno municipal celebrado el pasado 25 de mayo, en las que cuestionó públicamente la legitimidad de un profesor universitario para ejercer la docencia debido a su supuesta afinidad política.

Durante el debate plenario, el regidor vallisoletano afirmó que "lo que me da mucha más pena es que esté con el sanchismo educando a muchos alumnos y alumnas en la universidad" y añadió posteriormente que "lo que me molesta no es que usted sea sanchista, es que usted siendo sanchista esté dando clases a alumnos y alumnas".

Para el PSOE, estas manifestaciones son "gravísimas" y evidencian una concepción "profundamente incompatible con los principios democráticos", al considerar que se pone en cuestión la capacidad profesional de un docente por motivos ideológicos.

Los socialistas sostienen que resulta "intolerable" que un cargo público desacredite o señale públicamente a un profesor universitario por sus opiniones políticas y advierten de que este tipo de discursos suponen un ataque directo a derechos fundamentales como la libertad ideológica, la libertad de cátedra y el respeto institucional hacia los profesionales de la enseñanza.

Asimismo, el Grupo Socialista denuncia que normalizar este tipo de señalamientos políticos contra docentes implica "cruzar una línea extremadamente preocupante" en una sociedad democrática y plural, al trasladar el mensaje de que determinadas ideas políticas pueden convertir a una persona en inapropiada para ejercer labores educativas. A través de la iniciativa registrada en las Cortes, el PSOE pregunta a la Junta de Castilla y León si considera aceptable que un profesor pueda ser cuestionado públicamente para desempeñar su trabajo docente por razón de sus opiniones o ideología política.

Además, los socialistas reclaman al Ejecutivo autonómico una posición "clara" ante unas declaraciones que, a su juicio, "no pueden ser relativizadas ni banalizadas", especialmente al proceder de una institución pública y afectar directamente a derechos y libertades fundamentales.