El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha solicitado el respaldo de la institución al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, una iniciativa que, según defienden, responde a criterios de "justicia social, integración y necesidad económica".

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha subrayado la importancia de que la Diputación apoye esta medida "por humanidad, por justicia y por el interés económico y social de la provincia y sus municipios", al considerar que permitiría reconocer una realidad ya existente en el territorio.

Los socialistas argumentan que estos procesos no crean nuevas situaciones, sino que regularizan la situación administrativa de personas que ya residen y trabajan en España, "contribuyendo a sectores clave de la economía como la agricultura, la construcción, la hostelería o la atención a la dependencia".

El Grupo Socialista enmarca esta propuesta dentro del debate sobre la despoblación y el reto demográfico en la provincia, señalando que la llegada de población extranjera ha contribuido al crecimiento demográfico reciente en Castilla y León y al sostenimiento de numerosos municipios rurales.

Asimismo, destacan que la iniciativa legislativa que impulsa este proceso ha contado con el respaldo de numerosas organizaciones sociales, sindicales y agrarias, que la consideran "una herramienta para paliar la falta de mano de obra en distintos sectores productivos". También subrayan el apoyo de entidades sociales y religiosas que han apelado a la dimensión humanitaria y ética de la medida.

El Grupo Socialista ha anunciado que llevará una proposición al próximo pleno de la Diputación para instar a la institución a respaldar el proceso de regularización y a colaborar en su aplicación dentro de sus competencias, así como para pedir a la Junta de Castilla y León que adopte una postura similar.

En paralelo, los socialistas han reclamado al resto de formaciones políticas que promuevan políticas de integración y convivencia, alejadas, según señalan, de "discursos de odio o discriminación", con el objetivo de garantizar la igualdad de trato a todas las personas residentes en la provincia.