El juicio por el conocido caso de las funerarias de El Salvador ha vivido este lunes una nueva jornada marcada por la declaración de peritos de la defensa, uno de los cuales cuestionó el informe elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera y negó la existencia del supuesto desfase de 4.500 féretros.

El informe pericial, encargado por los abogados de la familia Morchón, concluye que las compras de ataúdes realizadas entre 2001 y 2014 coinciden con los servicios funerarios prestados durante ese mismo periodo. El perito sostuvo además que Vigilancia Aduanera cometió "errores metodológicos" en su investigación y aseguró que su análisis permitió localizar cerca de 600 facturas que el informe policial daba por inexistentes.

Durante su declaración explicó también que no pueden considerarse falsas determinadas facturas con anotaciones manuscritas relativas únicamente al pago del IVA, ya que, según indicó, es habitual que algunas empresas adelanten ese abono a proveedores aunque el pago total se realice posteriormente.

"Al contrario que nosotros, que hemos trabajado de forma metodológica, el informe del Servicio de Vigilancia Aduanera se realizó en base a hipótesis", afirmó durante la vista oral. El experto añadió además que en las inspecciones tributarias realizadas previamente al grupo funerario nunca se detectó una simulación de facturas, aunque sí irregularidades relacionadas con gastos deducidos.

Asimismo, defendió que la investigación policial no tuvo en cuenta el stock acumulado en almacenes, donde en determinados momentos llegaron a guardarse más de 3.000 ataúdes. En la sesión también declaró el perito forense Aitor Curiel, contratado igualmente por la defensa, quien cuestionó las indemnizaciones reclamadas para los familiares afectados.

Según explicó, la ausencia de informes médicos impide acreditar daños psicológicos generalizados, aunque sí consideró posible fijar compensaciones de entre 200 y 300 euros para aquellos familiares que vieran fotografías de sus seres queridos fuera de los féretros.

El juicio continuará este martes con nuevas declaraciones periciales y el miércoles comenzarán a declarar los acusados, entre ellos la viuda y los hijos del empresario fallecido Ignacio Morchón Alonso. La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por el supuesto fraude relacionado con el cambio de ataúdes por otros de menor coste entre 1995 y 2015.