Renfe defendió este martes ante la Audiencia Nacional que únicamente pone a disposición de terceros un 1% de capacidad de mantenimiento pesado en su Base de Mantenimiento Integral (BMI) del páramo de San Isidro, en Valladolid.

La compañía pública explicó que esa es la única oferta de capacidad incluida en su declaración pública y justificó así su rechazo a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que obliga a abrir sus talleres de mantenimiento pesado a operadores competidores, concretamente a Iryo.

Según Renfe, la resolución se centra especialmente en la Base Integral de La Sagra, unas instalaciones que, sostiene, se encuentran "al límite de su capacidad" y sin margen para asumir trabajos adicionales o incidencias imprevistas.

La operadora considera que la CNMC ha aplicado un criterio "absolutamente arbitrario" al equiparar intervenciones según el tiempo de permanencia en taller, sin diferenciar entre operaciones de mantenimiento ligero y pesado.

Renfe argumenta que la disponibilidad real de las instalaciones es menor de lo que estima Competencia, ya que solo parte de las ocho vías del taller son compatibles con determinados trabajos, como el mantenimiento de bogies. Por ello, sostiene que el espacio a ceder superaría en realidad el 10% anual de capacidad.

Renfe denuncia una "apertura completa" de sus talleres

La compañía también criticó que las medidas impuestas por la CNMC van más allá de lo solicitado inicialmente por Iryo.

Según explicó, la operadora italiana había solicitado de forma cautelar acceso a un foso en La Sagra o en Santa Catalina para realizar trabajos de mantenimiento en autoprestación. Sin embargo, la resolución finalmente contempla medidas más amplias, como:

• Acceso global a las instalaciones de La Sagra
• Uso de equipamientos y espacios de mantenimiento
• Desmontaje y montaje de bogies
• Obligación de reparación por parte de Renfe o autorización de autoprestación
• Fijación de condiciones económicas y plazos

Para Renfe, esto supone en la práctica una "apertura completa de sus talleres" para el mantenimiento pesado de trenes de otros operadores.

Impacto en los servicios ferroviarios

La operadora advirtió de que esta situación podría generar "graves problemas operativos" y afectar directamente al servicio público ferroviario.

Entre las consecuencias previstas, Renfe señala:

• Menor capacidad de mantenimiento de su propia flota
• Reducción de trenes disponibles
• Ajustes operativos en varias líneas de alta velocidad y media distancia

La compañía alerta especialmente del impacto en:

• La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona
• El Eje Atlántico
• Servicios hacia Huelva y País Vasco
• Los servicios Avant Valladolid-Madrid, el corredor de mayor volumen de España

Además, cifra en más de 60 millones de euros anuales las pérdidas derivadas de la reducción de oferta ferroviaria y de los desajustes operativos.

Renfe reclama que los operadores construyan sus propios talleres

Renfe defendió que las compañías privadas han tenido tiempo suficiente para desarrollar sus propias instalaciones de mantenimiento, como ha hecho Trenitalia France en París con una inversión de 80 millones de euros.

La empresa pública recordó también que en octubre presentó su Plan de Talleres 2025-2030, dotado con más de 1.000 millones de euros para modernizar y ampliar la capacidad de mantenimiento de su flota.

Dentro de ese plan, hace un mes se licitó por 43 millones de euros la construcción de una nueva base de mantenimiento en Móstoles, vinculada a la renovación de la línea C-5 de Cercanías Madrid.

Por último, Renfe insistió en que la Ley del Sector Ferroviario obliga a permitir el acceso a talleres "en condiciones no discriminatorias", pero únicamente para trabajos de mantenimiento ligero de los trenes.