La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Junta de Castilla y León para suspender de forma cautelar la resolución del convenio de integración de la Alta Velocidad ferroviaria en Valladolid, dictada por Adif el pasado 9 de diciembre. Con esta decisión judicial, el proyecto vigente de integración ferroviaria mantiene su curso mientras se resuelve el fondo del litigio abierto por las administraciones implicadas.

El conflicto se enmarca en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el organismo en el que participan el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, y que en los últimos meses se ha convertido en escenario de un fuerte desencuentro político e institucional sobre el modelo ferroviario de la ciudad.

Mientras el proyecto actual contempla la continuidad de las obras de integración, el equipo de gobierno municipal defiende una alternativa basada en el soterramiento de las vías, lo que ha generado discrepancias con el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central.

En su auto, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que no existe base jurídica suficiente para adoptar la medida cautelar solicitada por la Junta, al no apreciarse actuaciones inminentes o irreversibles que justifiquen una intervención urgente para evitar daños definitivos.

Los magistrados subrayan además que aceptar la suspensión habría supuesto, en la práctica, mantener en vigor un convenio sin el acuerdo de todas las partes implicadas, adelantando una decisión sobre el fondo del asunto antes de su análisis judicial completo.

El tribunal también señala que no hay indicios de una paralización inmediata de las obras en curso, que incluyen actuaciones en pasos elevados, estructuras subterráneas y la estación de autobuses, desligadas del proceso de entrega de suelos vinculados a los antiguos talleres de Renfe.

Asimismo, la resolución rechaza la idea de que exista un riesgo real de paralización del proyecto y advierte de que la medida cautelar habría supuesto actuar como si el recurso ya hubiera sido estimado, algo que no corresponde en esta fase del procedimiento.

El auto da así plena vigencia a la decisión adoptada por Adif el pasado noviembre en la comisión de seguimiento del convenio de integración, firmada en 2017 por el entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hoy ministro de Transportes, y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Desde entonces, el debate sobre el futuro ferroviario de Valladolid ha derivado en un enfrentamiento abierto entre las administraciones. El Ministerio defiende la continuidad del modelo de integración, mientras que Junta y Ayuntamiento mantienen su apuesta por el soterramiento, una discrepancia que sigue marcando el rumbo del proyecto y su desarrollo en la ciudad.