La incertidumbre sobre el futuro industrial de Renault en Castilla y León ha llevado a la Junta a reclamar responsabilidad y entendimiento entre la dirección de la compañía y los sindicatos. El consejero de Economía en funciones y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, expresó este jueves su confianza en que ambas partes logren acercar posiciones para desbloquear la negociación del convenio colectivo y evitar consecuencias negativas para las factorías de Valladolid y Palencia.

Las declaraciones llegan después de que Renault anunciara la suspensión de la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas ante la falta de acuerdo en la mesa negociadora del convenio 2026-2028. La compañía advirtió además de un escenario marcado por una posible reducción de producción, ausencia de nuevos modelos y falta de garantías de mantenimiento del empleo.

Ante esta situación, Carriedo aseguró que la Junta mantiene contactos permanentes tanto con la empresa como con los representantes sindicales y recordó el peso estratégico que Renault tiene para la economía de Castilla y León.

"El futuro industrial pasa necesariamente por un acuerdo social", defendió el consejero, quien apeló a la "generosidad, altura de miras y responsabilidad" de ambas partes para alcanzar un entendimiento en una negociación que considera clave para el empleo y la estabilidad económica de la Comunidad.

El portavoz autonómico destacó además el histórico compromiso de Renault con Castilla y León y recordó que la propia multinacional había trasladado en los últimos meses su intención de desarrollar nuevos proyectos industriales en la región, garantizando inversiones y carga de trabajo para los próximos años.

Carriedo insistió en que tanto la empresa como la plantilla han demostrado tradicionalmente capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo en anteriores negociaciones laborales. En ese sentido, puso en valor el papel desempeñado por los trabajadores de Renault, a quienes reconoció "generosidad y responsabilidad" en momentos complejos para el sector de la automoción.

La preocupación institucional aumenta tras el endurecimiento de la postura de la compañía durante la décima reunión del convenio colectivo. Renault trasladó a los sindicatos que su última propuesta representaba el máximo margen posible y vinculó directamente la llegada de nuevos vehículos y plataformas industriales a la aceptación del acuerdo.

Al no alcanzarse consenso, la empresa dejó en suspenso la adjudicación de nuevos proyectos para España y abrió la posibilidad de trasladar futuras producciones a otras plantas del grupo fuera del país.

El conflicto laboral ha generado inquietud tanto entre los trabajadores como en el tejido industrial vinculado a la automoción en Castilla y León, donde miles de empleos dependen directa o indirectamente de la actividad de Renault y de las empresas auxiliares asociadas.

Mientras continúan las negociaciones, la Junta evita posicionarse de forma explícita en favor de una de las partes, aunque insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice estabilidad industrial y preserve el peso estratégico del sector automovilístico en la Comunidad.