El Grupo Municipal Socialista ha formalizado este lunes una denuncia penal ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid contra el alcalde de la localidad, Avelino Álvarez Pérez, y la concejala de Régimen Interior, Virginia Arronte de Ávila. Los cargos presentados se basan en presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave a la autoridad judicial.

Contexto del conflicto jurídico

El origen de la denuncia se remonta a octubre de 2024, fecha en la que el Gobierno local aprobó una subida salarial a través del II Plan de Igualdad. Según el grupo denunciante, esta medida se tomó pese a la existencia de informes técnicos que negaban una brecha salarial de género y a pesar del reparo de la Intervención Municipal, que advirtió de la falta de consignación presupuestaria.

En marzo de 2025, tras un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, un juez dictó un auto de suspensión cautelar que obligaba a la administración local a paralizar dichos abonos. No obstante, el PSOE sostiene que el Equipo de Gobierno continuó efectuando los pagos y levantando los reparos de la Intervención, según la información facilitada en respuesta a preguntas registradas por el grupo socialista.

Ratificación judicial de nulidad

La situación jurídica se consolidó en noviembre de 2025 con la Sentencia 227/2025, la cual declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal. El Grupo Socialista argumenta que, tras el fallo, los denunciados no habrían acatado la resolución, permitiendo la salida de fondos públicos de forma indebida.

La denuncia también destaca que apenas 14 días después de la sentencia de nulidad, el Equipo de Gobierno inició la tramitación de un nuevo expediente con un fondo similar al anulado. El PSOE considera que existe una "voluntad deliberada" de ignorar las resoluciones de los tribunales.

La portavocía socialista ha justificado la acción penal como un ejercicio de "higiene democrática", señalando que su obligación es informar a la justicia ante actos que consideran fuera de la legalidad vigente y garantizar que la gestión de los fondos públicos sea transparente y ajustada a derecho.