Ocho de cada diez inmigrantes que residen en la provincia de Valladolid tienen intención de quedarse en España en los próximos años. Así lo refleja el informe sobre la situación de la población extranjera en Castilla y León elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), cuyos datos ponen el foco también en la realidad laboral y social del colectivo en territorios como Valladolid.

En la provincia, el grado de arraigo es elevado: casi el 80 por ciento de las personas inmigrantes prevé continuar su proyecto de vida en el país, una tendencia que se acompaña, en muchos casos, de la intención de reagrupar a sus familias. Sin embargo, esta estabilidad contrasta con una inserción laboral todavía frágil. Solo cuatro de cada diez inmigrantes tienen empleo, lo que provoca que cerca de tres de cada diez dependan de ayudas sociales por falta de ingresos suficientes.

El mercado de trabajo en Valladolid reproduce el patrón autonómico. Entre quienes trabajan, predominan los contratos fijos (39 por ciento) y temporales (25 por ciento), mientras que el autoempleo alcanza el 9,5 por ciento. Aun así, la precariedad sigue siendo relevante: alrededor del 20 por ciento desarrolla su actividad sin contrato, una situación especialmente acusada entre la población latinoamericana.

Por sectores, en Valladolid destacan los cuidados, la hostelería y la limpieza como principales nichos de empleo para la población inmigrante. En el caso de las mujeres, su presencia es mayoritaria en cuidados y limpieza, mientras que los hombres se concentran más en la industria y en actividades vinculadas al campo, ámbitos con peso también en la economía provincial.

En cuanto a las condiciones de vida, el acceso a la vivienda es uno de los principales retos en Valladolid. La mayoría reside en alquiler, pero una parte significativa lo hace en habitaciones o en alojamientos compartidos o facilitados por entidades o empresas, lo que evidencia dificultades para acceder a una vivienda independiente. Entre los obstáculos más señalados están la falta de contrato laboral, el elevado precio del alquiler y la imposibilidad de asumir la fianza, a lo que se suma, en algunos casos, el rechazo por parte de propietarios.

El informe también recoge una valoración positiva de los servicios públicos en la Comunidad, una percepción que se extiende a Valladolid. La atención primaria sanitaria es la mejor valorada, seguida de los servicios de urgencias y la atención hospitalaria.

Pese a las dificultades, más de la mitad de las personas inmigrantes considera que ha cumplido total o parcialmente sus expectativas desde su llegada. No obstante, persisten situaciones de vulnerabilidad, como el hecho de que cerca de un 30 por ciento no perciba ningún salario.

En términos de identidad, el sentimiento de pertenencia es diverso: una parte importante de la población inmigrante mantiene un fuerte vínculo con su país de origen, mientras que otra se siente igualmente integrada en la sociedad española, reflejando una realidad cada vez más asentada en la provincia.