El caso de un alumno de 1.º de la ESO en el colegio Safa-Grial ha reabierto el debate sobre cómo se gestionan los posibles casos de acoso escolar. Dos relatos, el de la familia y el del centro, describen una misma situación desde perspectivas distintas. Ambas partes implicacadas comparten a TRIBUNA su opinión al respecto y sus impresiones de lo que ha sucedido en estos últimos meses.

LA EXPERIENCIA DEL ALUMNO

El menor ha estado escolarizado "siempre" en el mismo centro, principalmente por la cercanía y la facilidad logística que tenían sus padres para que pudiera estudiar en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, esto no ha sido así. Es más, los propios progenitores sitúan el origen de los problemas en la etapa de Primaria, donde aseguran que el menor -diagnosticado con dislexia y síndrome de Tourette- no recibió la ayuda necesaria para integrarse.

En tercero y cuarto de Primaria "no lo pasó bien", y lejos de mejorar, la situación derivó en un "aislamiento" en quinto y sexto, donde "nadie le hablaba y le dejaban de lado". Aunque destacan el papel positivo de una docente en esa etapa, sostienen que en los recreos el menor "permanecía solo y era objeto de burlas" por los ruidos que hacía derivados de su enfermedad. De hecho, aseguran que otros alumnos llegaron a intentar replicar comportamientos similares con su hija, con la intención de aislarla socialmente, aunque su caso fue distinto al tener la pequeña "otra forma de ser".

El paso a Secundaria marcó un antes y un después en la vida del menor. De confiar en que las cosas iban a cambiar, a tener que hablar con la profesora el primer día de clase de 1.º de la ESO por los "insultos" que recibió el menor. A partir de ese momento, sus padres describen una serie de episodios que se comunicaron al profesorado. "Él no se defendía porque pensaba que eran sus amigos", explican. Según su testimonio a este medio de comunicación, el menor llegó a casa "con la ropa rota" tras un incidente en el centro después de que él decidiera, desde hace tiempo, no participar en las excursiones. Ante esta situación, se sucedieron reuniones con docentes y responsables de convivencia.

Uno de los correos que la madre envió a la profesora. Contenido cedido a TRIBUNA.

El centro activó entonces el protocolo de acoso escolar, que se prolongó durante aproximadamente dos meses. Según los padres, durante ese periodo se investigó el caso y se adoptaron algunas medidas disciplinarias, como "la expulsión" temporal de algunos alumnos que, a su juicio, no era suficiente porque "la mayoría de la clase se metía con él". En este sentido, los progenitores aseguran que desde el colegio se les trasladó que no se trataba exactamente de bullying, sino de "acoso grave", una valoración con la que discrepan. Es más, relatan que una madre de una alumna llegó a "contactar" con ellos, pero no sirvió de nada porque su hija "seguía riéndose" del menor. En este contexto, el alumno buscaba refugio durante los recreos con estudiantes más mayores, donde, según los padres, no sufría problemas e incluso se sentía más "cómodo e integrado".

La preocupación de la familia aumentó tras conocer casos mediáticos de acoso escolar, como el de Sandra en Sevilla. A partir de ese momento, acudieron a la Consejería de Educación, donde les indicaron que no tenían constancia previa de su situación. Cuando el centro se enteró de que habían ido a Educación, los padres explican que les recriminaron haber dado ese paso al tratarse de "asuntos internos". Con el paso de las semanas, la relación con el centro se deterioró, según apuntan los propios padres a TRIBUNA. 

De hecho, aseguran que existieron contradicciones en la información sobre si se había comunicado el caso a la administración educativa y que, a partir de entonces, percibieron "un cambio en la actitud" del profesorado hacia su hijo. El impacto emocional en el menor, afirman, fue creciente. Relatan que acudía a una psicóloga desde meses antes y que llegó a sufrir ataques de ansiedad -dos, concretamente-, y uno de los cuales requirió traslado hospitalario. "No podíamos dejarle allí hasta final de curso", añaden.

El episodio que consideran definitivo se produjo el 17 de marzo. Según apuntan los padres, otro alumno agredió a su hijo en el interior del centro, aprovechando un momento previo a la salida. La familia avisó a la Policía Nacional, cuyos agentes acudieron al lugar. Este hecho, que propició un segundo episodio de ansiedad, motivó a los padres a tomar la decisión de cambiarle de colegio. A eso se suma "la creación de un meme" que no pudieron recabar para poder denunciarlo, ya que el colegio lo negó: "No nos lo enviaron porque en el colegio sabían que podíamos denunciar y por eso lo taparon. Creo que deberían haber tomado una serie de medidas mucho más duras y estrictas. Agradecemos la labor de la Consejería de Educación porque ha dado una nueva vida a nuestro hijo".

Tras estos últimos meses, y con el menor en otro centro, los padres pretenden "pasar página", ya que ven, de nuevo, a su pequeño "feliz e integrado" porque su nuevo colegio les ha recibido "con los brazos abiertos".

LA RESPUESTA DEL CENTRO Y LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

Frente a este relato, desde el equipo directivo del colegio Safa-Grial ofrecen una visión diferente. Insisten en su política de "tolerancia cero contra el acoso escolar" y recalcan que activaron el protocolo oficial de la Junta de Castilla y León en cuanto la familia comunicó lo que estaba sucediendo.

Desde el centro explican que la Inspección Educativa fue informada "desde el minuto cero" y que todo el proceso se desarrolló siguiendo estrictamente los pasos marcados. "Nuestra inspectora sabe todo lo que ha pasado y está pasando", señalan, subrayando que el caso fue trasladado en todo momento a este organismo. Además, detallan que el protocolo implica una "fase de investigación" estructurada, con "entrevistas" a la familia afectada, al alumnado implicado, a compañeros, testigos e, incluso, a padres de los propios estudiantes. Tras dar estos pasos, la Comisión encargada analiza posteriormente todas las conclusiones antes de emitir una resolución. En este caso, afirman, el resultado fue que no existía acoso escolar, sino "problemas de convivencia".

Desde el equipo directivo del centro subrayan que "no es lo mismo acoso escolar que problemas de convivencia" y que, en función de esa conclusión, se aplicaron medidas acordes a este segundo escenario. Entre ellas, destacan "intervenciones con el grupo-clase, acompañamiento individual, tutorías específicas y acciones para mejorar la cohesión del aula". Asimismo, desde el colegio aseguran que se desarrollaron numerosas iniciativas "preventivas y formativas", como sesiones "dentro del Plan Director con la Policía, charlas sobre ciberseguridad, dinámicas educativas con entidades externas y actividades vinculadas a valores como la convivencia o la reflexión", incluyendo acciones en fechas señaladas como el Día de la Paz.

Desde el equipo directivo del centro también destacan que se realizaron reuniones "continuas y periódicas" con la familia desde el pasado 19 de septiembre y que el protocolo se activó a finales de octubre, tras detectar la preocupación. Según explican, los hechos analizados no eran continuados en el tiempo, sino "puntuales", lo que influyó en la valoración final. En cuanto a la evolución del caso, desde el colegio señalan que los problemas de convivencia "mejoraron en líneas generales" tras la aplicación de las medidas y que mantuvieron en todo momento un contacto "fluido" con la familia. También apuntan que no tuvieron constancia del cambio de centro hasta que la decisión fue tomada.

En este sentido, insisten en que su actuación se ha basado en la "diligencia, transparencia y rigor", con el objetivo prioritario de "garantizar la seguridad y el bienestar" de todo el alumnado. "El menor es nuestra prioridad", recalcan, al tiempo que subrayan que el centro continuará actuando de la misma manera ante cualquier indicio. Finalmente, indican que, desde la salida del alumno, la dinámica en el aula se desarrolla con "total normalidad", sin cambios significativos.