La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el proceso extraordinario de solicitudes de regularización de inmigrantes está desbordando la capacidad de respuesta del personal de la Oficina de Extranjería de Valladolid, en la que hay 20 vacantes de puestos sin cubrir, por lo que se está recurriendo a empleados de Seguridad Social o de Correos para apoyar esa gestión. 

Para CSIF, es una decisión que evidencia improvisación y falta de planificación por parte de la Administración, por la carencia de recursos humanos y organizativos. Una situación -el elevado volumen de solicitudes de regularización- que está generando una fuerte presión de trabajo en las unidades de Extranjería, que ya partían de una situación estructural deficitaria, y que está comprometiendo el funcionamiento ordinario de otros servicios públicos.

El sindicato independiente pone el foco en la falta de efectivos en Extranjería, que dificulta gravemente la correcta tramitación de expedientes, más aún ante un proceso de estas dimensiones. Y en el ámbito de la Seguridad Social, la situación tampoco es ajena a esta problemática, con cerca de un 14% de plazas sin cubrir en Valladolid, lo que repercute directamente en la atención a la ciudadanía y en el aumento de los tiempos de espera. Para CSIF, la reasignación de personal entre servicios supone "desvestir un santo para vestir otro", ya que traslada la sobrecarga de trabajo de un área a otra sin resolver el problema de fondo: la carencia de personal.

La magnitud del proceso queda reflejada en el volumen de personas afectadas. Solo en la provincia de Valladolid, se estima que más de 7.000 personas podrían beneficiarse de los nuevos procedimientos de regularización a lo largo de 2026, lo que incrementa la presión sobre un servicio ya tensionado.

CSIF denuncia que la Administración ha declarado este proceso como prioritario, adoptando medidas extraordinarias como el pago de horas extra o la flexibilización del teletrabajo para agilizar la tramitación de expedientes. Sin embargo, el sindicato critica que estas medidas no se estén aplicando en otros ámbitos igualmente saturados, como la Seguridad Social, donde también existen retrasos significativos. En este sentido, insiste en que "no puede haber procedimientos de primera y de segunda", reclamando un reparto equitativo de recursos e incentivos. Esas medidas extraordinarias deberían aplicarse a la Seguridad Social para desatascar el ingente trabajo que tienen acumulado, insiste CSIF.

A esta situación, se suma la incorporación de Correos al proceso de recogida de solicitudes, una decisión que CSIF considera especialmente preocupante. Advierte que esta entidad arrastra una falta crónica de personal, por lo que asumir nuevas funciones sin refuerzos previos puede deteriorar aún más la calidad del servicio.

CSIF concluye que la actual situación no es un problema puntual, sino el reflejo de una política de recursos humanos insuficiente y sostenida en el tiempo. Por ello, exige a la Administración una respuesta estructural que pase por la cobertura inmediata de vacantes, una planificación realista y un refuerzo estable de las plantillas. El sindicato insiste en que la regularización extraordinaria no puede sostenerse a costa del esfuerzo añadido de los empleados públicos, ni del deterioro de otros servicios esenciales, y reclama una gestión equilibrada que garantice la calidad de la atención a la ciudadanía.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el proceso extraordinario de solicitudes de regularización de inmigrantes está desbordando la capacidad de respuesta del personal de la Oficina de Extranjería de Valladolid, en la que hay 20 vacantes de puestos sin cubrir, por lo que se está recurriendo a empleados de Seguridad Social o de Correos para apoyar esa gestión. 

Para CSIF, es una decisión que evidencia improvisación y falta de planificación por parte de la Administración, por la carencia de recursos humanos y organizativos. Una situación -el elevado volumen de solicitudes de regularización- que está generando una fuerte presión de trabajo en las unidades de Extranjería, que ya partían de una situación estructural deficitaria, y que está comprometiendo el funcionamiento ordinario de otros servicios públicos.

El sindicato independiente pone el foco en la falta de efectivos en Extranjería, que dificulta gravemente la correcta tramitación de expedientes, más aún ante un proceso de estas dimensiones. Y en el ámbito de la Seguridad Social, la situación tampoco es ajena a esta problemática, con cerca de un 14% de plazas sin cubrir en Valladolid, lo que repercute directamente en la atención a la ciudadanía y en el aumento de los tiempos de espera. Para CSIF, la reasignación de personal entre servicios supone "desvestir un santo para vestir otro", ya que traslada la sobrecarga de trabajo de un área a otra sin resolver el problema de fondo: la carencia de personal.

La magnitud del proceso queda reflejada en el volumen de personas afectadas. Solo en la provincia de Valladolid, se estima que más de 7.000 personas podrían beneficiarse de los nuevos procedimientos de regularización a lo largo de 2026, lo que incrementa la presión sobre un servicio ya tensionado.

CSIF denuncia que la Administración ha declarado este proceso como prioritario, adoptando medidas extraordinarias como el pago de horas extra o la flexibilización del teletrabajo para agilizar la tramitación de expedientes. Sin embargo, el sindicato critica que estas medidas no se estén aplicando en otros ámbitos igualmente saturados, como la Seguridad Social, donde también existen retrasos significativos. En este sentido, insiste en que "no puede haber procedimientos de primera y de segunda", reclamando un reparto equitativo de recursos e incentivos. Esas medidas extraordinarias deberían aplicarse a la Seguridad Social para desatascar el ingente trabajo que tienen acumulado, insiste CSIF.

A esta situación, se suma la incorporación de Correos al proceso de recogida de solicitudes, una decisión que CSIF considera especialmente preocupante. Advierte que esta entidad arrastra una falta crónica de personal, por lo que asumir nuevas funciones sin refuerzos previos puede deteriorar aún más la calidad del servicio.

CSIF concluye que la actual situación no es un problema puntual, sino el reflejo de una política de recursos humanos insuficiente y sostenida en el tiempo. Por ello, exige a la Administración una respuesta estructural que pase por la cobertura inmediata de vacantes, una planificación realista y un refuerzo estable de las plantillas. El sindicato insiste en que la regularización extraordinaria no puede sostenerse a costa del esfuerzo añadido de los empleados públicos, ni del deterioro de otros servicios esenciales, y reclama una gestión equilibrada que garantice la calidad de la atención a la ciudadanía.